En un giro que ha generado controversia política y jurídica, el presidente Gustavo Petro anunció que eliminará los requisitos formales para el nombramiento de embajadores y embajadoras de Colombia. Durante el consejo de ministros televisado del 17 de junio, el mandatario oficializó esta medida que contradice directamente una de sus promesas de campaña de 2022, cuando aseguró que profesionalizaría la diplomacia y acabaría con el clientelismo en los cargos exteriores.
“Que quienes hayan acumulado saberes alrededor de las relaciones internacionales puedan acceder a los cargos y no simplemente, como ocurre hoy, que llegan los hijos de los presidentes, los amigos de la clase política, algunos incursos en corrupción”, citaba en su momento su propuesta, publicada por Plaza Capital, el medio de la Universidad del Rosario.
Sin embargo, ahora el presidente sostiene que “no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras”, argumentando que cualquier colombiano, sin importar su formación, debe tener la posibilidad de representar al país en el exterior. “Un hijo de obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”, afirmó en tono desafiante.
La anulación de nombramientos, detonante de la decisión presidencial
El anuncio se produjo poco después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO, argumentando, entre otras cosas, que no cumplía con el dominio del idioma inglés. Para Petro, esta decisión representa un “vaciamiento de poder del presidente”, al considerar que le están arrebatando su facultad constitucional de dirigir las relaciones internacionales del país.
El mandatario también trajo a colación el caso de Guillermo Reyes, exministro de Transporte y cuyo nombramiento como embajador en Suecia fue igualmente anulado bajo argumentos similares. Petro defendió su capacidad y cuestionó la validez de que se desestime una hoja de vida por razones lingüísticas, especialmente cuando —según él— el inglés no es un obstáculo real para ejercer el cargo.
“Estudió en el colegio San Carlos… salen bilingües. Entonces, ¿cómo pueden decir que porque no sabe inglés?”, se preguntó con tono irónico, aludiendo a lo que considera una campaña institucional contra su administración.
Críticas al sindicato de la Cancillería y defensa de la diversidad
El presidente no solo cuestionó las decisiones judiciales, sino también el papel del sindicato blanco de la Cancillería, al que acusó de estar influenciado por intereses de la oligarquía tradicional. Según Petro, esta estructura ha sido usada para obstaculizar el trabajo de su gobierno al interior del cuerpo diplomático.
“Los están echando porque son embajadores del Gobierno de Petro. Es un lawfare —una guerra jurídica—”, afirmó, argumentando que esta ofensiva busca debilitar su administración por vías legales disfrazadas de tecnicismo.
En su declaración, también defendió la necesidad de representar la diversidad colombiana en el servicio exterior. Propuso que en las embajadas de países africanos se envíen a personas negras, en las del Caribe a caribeños y que en los destinos estratégicos se designen personas comprometidas con la visión diplomática del gobierno.
“Un Gobierno de izquierda debe mandar a las embajadas de los países africanos a negros y negras; a los del Caribe, caribeños”, enfatizó, dejando claro que su propuesta diplomática busca ser inclusiva y romper con los esquemas tradicionales.
