El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que este país otorgara asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, figura clave del gobierno del expresidente Pedro Castillo. El canciller peruano Hugo de Zela calificó la decisión como un “acto inamistoso” que vulnera los principios internacionales de no injerencia y respeto mutuo entre Estados. La medida representa el punto más álgido de una tensión diplomática que se ha intensificado desde 2022, cuando Castillo fue destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso.
De acuerdo con la Cancillería peruana, Chávez se encuentra actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, donde solicitó protección alegando persecución política. En respuesta, el gobierno peruano ordenó el cierre inmediato de su representación diplomática en territorio mexicano y el retiro del personal acreditado, una decisión que marca un quiebre en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Crisis diplomática y razones del quiebre
La ruptura fue anunciada pocas horas después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmara el asilo a Chávez. Lima considera que esta acción constituye una violación del principio de no intervención, establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Según De Zela, “México ha interferido en asuntos internos de Perú al proteger a una persona procesada por delitos comunes bajo el disfraz de persecución política”.
El caso de Betssy Chávez está directamente vinculado con el intento de autogolpe de Estado liderado por Pedro Castillo en diciembre de 2022. La ex primera ministra enfrenta cargos por rebelión y conspiración, acusaciones que ella rechaza al asegurar que se trata de una persecución política del actual gobierno de Dina Boluarte. Esta situación ha llevado a varios gobiernos latinoamericanos, incluido el mexicano, a manifestar preocupación por la estabilidad democrática en Perú.
México reitera su política de asilo y defiende su soberanía
El gobierno mexicano, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió que el asilo a Betssy Chávez se otorgó “con base en la tradición humanitaria de México y en el respeto al derecho internacional”. En un comunicado, reiteró que el país “ha sido históricamente refugio de perseguidos políticos” y que la decisión “no constituye una injerencia, sino una acción soberana en defensa de los derechos humanos”.
La canciller mexicana Alicia Bárcena enfatizó que su país actuó conforme a los tratados internacionales, incluyendo la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual ambos países son signatarios. “México no rompe con su historia. El asilo es una institución de protección y no un acto político”, declaró.
Esta defensa ha sido respaldada por varios líderes y organizaciones regionales, quienes instaron a ambos gobiernos a resolver sus diferencias por la vía diplomática. Sin embargo, el cierre de embajadas y el retiro de embajadores sugiere que el diálogo bilateral podría quedar suspendido indefinidamente.
Consecuencias para la región y futuro de las relaciones bilaterales
Expertos en política internacional advierten que la ruptura entre Perú y México podría tener repercusiones más amplias en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde ambos países mantienen participación activa. La medida también afecta a miles de ciudadanos peruanos residentes en México y a empresas con inversiones bilaterales, especialmente en sectores como la minería, la agroindustria y el turismo.
Aunque la Cancillería peruana ha señalado que los servicios consulares esenciales seguirán operando de forma temporal, la ruptura implica la suspensión de acuerdos de cooperación técnica y educativa. Analistas consideran que esta crisis es la más grave en décadas entre ambos países, y que su resolución dependerá de la mediación de actores internacionales y de la evolución del proceso judicial contra Chávez.
¿Qué viene después para Perú y México?
La pregunta central ahora es si esta ruptura será definitiva o solo una medida temporal de presión diplomática. De Zela aseguró que Perú “no permitirá que ningún Estado socave sus instituciones judiciales”, mientras que México insiste en que su postura “responde a principios históricos de protección humanitaria”. Ambas naciones mantienen posturas irreconciliables, aunque no se descarta que, en el mediano plazo, organismos regionales como la OEA o UNASUR intenten facilitar un acercamiento.
En el fondo, el caso de Betssy Chávez reaviva el debate sobre los límites del asilo político y la tensión permanente entre derechos humanos y soberanía nacional. Mientras la ex primera ministra permanece bajo resguardo diplomático en Lima, la región observa con cautela un conflicto que podría redefinir el equilibrio político latinoamericano.
