La Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de la industria petrolera en Colombia, ha dado inicio a un cese de actividades por 24 horas en las diferentes áreas operativas de Ecopetrol. La medida de fuerza ha incluido el bloqueo total de los accesos principales a la Refinería de Barrancabermeja, la planta de refinación más importante del país, donde decenas de manifestantes instalaron pancartas y barricadas para impedir el ingreso de personal y vehículos.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por la organización sindical, la decisión de paralizar las labores responde de manera directa a la falta de avances significativos en la mesa de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. El sindicato ha responsabilizado abiertamente a los altos directivos de la compañía por la parálisis en los diálogos, señalando un estancamiento prolongado que afecta las condiciones de miles de operarios.

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Razones del cese y cuestionamientos a la administración

El descontento de la USO se ha concentrado de forma particular en la gestión de la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol, liderada por Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros. Los líderes gremiales han calificado la postura de esta dependencia como “nula, negligente y dilatoria”, argumentando que se ha dilatado de manera sistemática la discusión de los puntos clave del pliego de peticiones. Según el sindicato, la funcionaria —quien es señalada como una figura muy cercana a Ricardo Roa, gerente general de la estatal petrolera— ha bloqueado de forma efectiva la consecución de acuerdos beneficiosos para la base trabajadora.

El presidente de la USO, César Loza (así como otros líderes del sector), manifestó la profunda preocupación que embarga al gremio frente al rumbo actual de la principal empresa pública de los colombianos. Entre los motivos de alarma del sector sindical se encuentra la aparente disminución sensible de la inversión en el negocio tradicional de los hidrocarburos (exploración y producción de petróleo y gas), un aspecto que, según el sindicato, pone en grave riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa a mediano y largo plazo.

Adicionalmente, desde el gremio se han lanzado fuertes críticas debido a las sospechas de una injerencia sistemática por parte del Gobierno nacional sobre las decisiones corporativas de la firma. Esta presunta intromisión se ve reflejada en los intentos de modificación de los estatutos internos de la compañía, los cuales buscarían, entre otras cosas, remover de la junta directiva a los representantes de los fondos privados de pensiones, e incluso restar participación al representante de los departamentos productores y al de los propios trabajadores. Frente a esto, la directiva del sindicato recordó firmemente que la representación laboral fue elegida de manera democrática y estatutaria por un periodo fijo de cuatro años, por lo que cualquier intento de alterar este esquema vulnera la estabilidad institucional de la organización.

El pliego de condiciones y el debate energético

El núcleo de la protesta de la USO radica en salvaguardar su pliego de peticiones, el cual vincula de manera directa el futuro laboral con la política energética nacional. El sindicato propone un modelo que garantice la soberanía energética del país y una transición energética justa que no destruya el aparato productivo de las regiones que históricamente han dependido del crudo.

Dentro de las propuestas técnicas específicas que la USO ha llevado a la mesa de negociación, se destaca una fórmula de indexación económica basada en el comportamiento del mercado internacional del petróleo. El planteamiento exige que Ecopetrol priorice las inversiones en exploración y producción convencional de gas y crudo siempre que el precio internacional del barril se ubique por debajo de los 65 dólares. Por el contrario, la organización sindical propone que los recursos destinados a la diversificación del portafolio energético y las fuentes renovables aumenten de forma escalonada únicamente cuando el precio del barril supere el umbral de los 70 dólares. Con esta estrategia, el gremio busca asegurar que la transición hacia energías limpias se financie con los excedentes de las épocas de bonanza y no a costa de descapitalizar la operación petrolera base de la que dependen miles de familias.

Impacto socioeconómico y advertencia de los trabajadores

La jornada de protesta no solo mantiene en vilo el funcionamiento técnico de la Refinería de Barrancabermeja, sino que proyecta una sombra de preocupación sobre la economía general del país. La USO advirtió que el desenlace de esta negociación colectiva afectará directamente la estabilidad laboral de más de 60.000 trabajadores vinculados formalmente al sector de los hidrocarburos y el gas en todo el territorio nacional.

Asimismo, los representantes de los trabajadores enfatizaron que la salud financiera de la industria del petróleo es el motor principal de la economía en por lo menos ocho departamentos del país. De acuerdo con las cifras del sindicato, la subsistencia económica, las regalías y los programas de desarrollo social de aproximadamente 3,5 millones de habitantes se encuentran bajo una amenaza directa si la administración corporativa insiste en utilizar las recientes pérdidas financieras reportadas por Ecopetrol como un argumento para recortar los derechos laborales y rechazar las aspiraciones de la convención.

Bajo la consigna de “si no hay solución, no hay producción”, los comités obreros han hecho un llamado unánime a mantener la movilización y el respaldo absoluto a la protesta. Aunque las directivas del sindicato instaron a sus afiliados a votar con conciencia sobre el futuro energético de la nación, recalcaron que la protesta se mantendrá firme hasta tanto la administración de Ecopetrol presente soluciones concretas y verídicas en lugar de respuestas evasivas. Hasta el cierre de este reporte, las directivas de la estatal petrolera solo han emitido un pronunciamiento oficial sobre la disposición al diálogo y al trabajo conjunto con las organizaciones sindicales.

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