En la última década, la problemática carcelaria ha acaparado titulares en Colombia, evidenciando los impactos en la sociedad derivados de la sobrepoblación en centros de reclusión en todo el país. Este fenómeno, impulsado por el crecimiento progresivo de la criminalidad, conductas desviadas y la violencia, ha generado una correlación directa con la saturación carcelaria.
Diversos factores inciden en esta situación, convirtiéndola en un problema complejo y de múltiples causas. Uno de los principales motores es el aumento de la criminalidad a nivel nacional, reflejado en un incremento constante de la tasa delictiva desde el año 2020, según datos de la Fiscalía General de la Nación y la Corporación de Excelencia en la Justicia (CEJ).
Tomando como ejemplo el departamento de Risaralda, la tendencia al alza en la tasa de criminalidad es innegable. Entre 2021 y 2022, se registró un aumento del 24.1%, marcando un ritmo preocupante de crecimiento del fenómeno delictivo. Este incremento, de mantenerse proyectado, podría indicar una duplicación de la problemática cada cuatro años.
Otro factor a considerar es la reincidencia delictiva, que muestra un incremento del 12.7% a nivel nacional en el primer semestre de 2023. Este fenómeno, estrechamente ligado a la tasa de criminalidad, alimenta un ciclo de violencia y delincuencia.
Ante este contexto, surge la interrogante sobre si la pena privativa de libertad cumple su función social. Según la Ley 599 del 2000, la pena tiene cinco funciones básicas, entre las que se encuentran la prevención especial y la reinserción social. Sin embargo, la realidad actual muestra vulneraciones constantes a los derechos de los reclusos debido al hacinamiento y las precarias condiciones carcelarias.
A nivel nacional, la capacidad carcelaria está desbordada, con una población penitenciaria que supera en un 25% la capacidad instalada. En Risaralda, si bien el hacinamiento es menor, aún persiste como un problema a abordar.
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