La candidata presidencial Paloma Valencia ha radicado una demanda ante el Consejo de Estado para frenar el traslado de fondos privados hacia el sistema público. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, busca movilizar recursos que pertenecen al ahorro de millones de colombianos. La senadora argumenta que este movimiento de capital pone en jaque la estabilidad financiera del país y la seguridad de los futuros pensionados.
¿Qué motivó la demanda contra el decreto de los $25 billones?
La senadora del Centro Democrático sostiene que el decreto emitido por el Ejecutivo excede sus facultades legales y constitucionales. Según Valencia, el Congreso de la República nunca avaló un traslado masivo de esta magnitud hacia el régimen de prima media administrado por el Estado. La legisladora califica la medida como un «robo descarado» al ahorro acumulado por los ciudadanos durante años de trabajo.
El decreto establece que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deben transferir el 50% de los recursos en un plazo de 20 días hábiles. El porcentaje restante tendría que ser entregado en los diez días siguientes a la puesta en marcha de la norma. Esta celeridad en el movimiento de los dineros ha generado una gran preocupación en los sectores de oposición y expertos financieros.
Valencia enfatiza que estos $25 billones corresponden a personas que ya se trasladaron de régimen pero cuyos recursos permanecían en las AFP hasta cumplir los requisitos de ley. La reciente reforma pensional indicaba que estos fondos debían seguir siendo administrados por privados hasta el momento de la jubilación efectiva. El cambio abrupto de reglas de juego es el eje central de la controversia judicial.
La candidata presidencial advierte que el uso de estos recursos en un periodo cercano a las elecciones presidenciales es altamente sospechoso. Teme que el flujo de caja sea utilizado para financiar gasto público de corto plazo en lugar de asegurar las mesadas futuras. Esta desconfianza en el manejo de los activos es lo que ha llevado la discusión al máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Además del impacto económico, la demanda resalta que se está vulnerando el derecho a la propiedad privada de los afiliados. Los ahorros en las cuentas de ahorro individual tienen nombre y apellido, y su traslado forzoso podría ser inconstitucional. El Consejo de Estado deberá decidir si suspende provisionalmente los efectos del decreto mientras se estudia el fondo del asunto.
Finalmente, la senadora ha solicitado medidas cautelares de urgencia para evitar que el traslado se materialice antes de un fallo definitivo. Si el dinero llega a Colpensiones, revertir la operación sería extremadamente complejo y costoso para el erario público. La nación queda a la espera de un pronunciamiento que definirá el futuro de las pensiones en Colombia.
¿Cómo afecta esta medida a los ahorradores de fondos privados?
El traslado de estos recursos impacta directamente a los ciudadanos que optaron por el cambio de régimen y que aún no se han pensionado. Al pasar sus ahorros al fondo público, pierden la rentabilidad que estos capitales podrían generar en los mercados financieros internacionales y locales. La gestión de estos activos pasará de manos profesionales privadas a la administración estatal bajo un modelo de reparto.
Expertos sugieren que esta medida busca aliviar el déficit fiscal inmediato del Gobierno a costa de las obligaciones futuras. Aunque el trabajador mantenga sus semanas cotizadas, la propiedad real sobre el capital acumulado se diluye al entrar en la bolsa común del Estado. Esto genera incertidumbre sobre la capacidad de pago a largo plazo dada la transición demográfica del país.
La senadora Valencia insiste en que el Gobierno está utilizando los ahorros como «caja menor» para cumplir promesas políticas. Esta percepción de riesgo ha provocado que muchos ciudadanos busquen asesoría legal para proteger sus cuentas individuales. ¿Será capaz el sistema público de garantizar mejores rendimientos que el privado en un entorno económico tan volátil?
