Una investigación internacional conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de España, el Centro Especializado contra la Trata de Personas de Ameripol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) permitió desmantelar una compleja estructura criminal transnacional. La red está acusada de captar mediante engaños a más de 100 ciudadanos colombianos para trasladarlos al sudeste asiático, donde eran reducidos al cautiverio y obligados a cometer fraudes informáticos y estafas bancarias masivas.
La pesquisa judicial se inició tras una denuncia conocida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre hechos ocurridos el 7 de agosto de 2025. A partir de ese reporte, los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) rastrearon los movimientos financieros, las rutas de tráfico humano y los patrones de engaño. Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, este constituye el primer caso transnacional documentado y judicializado en Colombia bajo la modalidad de delincuencia forzada en centros de llamadas criminales (call centers) en Asia.
La trampa del empleo en el exterior y las condiciones de cautiverio
El perfilamiento de las víctimas se centraba en hombres y mujeres de entre 25 y 35 años en situación de vulnerabilidad económica. Los reclutadores los abordaban de manera personal o por medio de allegados, ofreciéndoles falsos contratos laborales para trabajar en Tailandia o Camboya en proyectos vinculados a criptomonedas. Para asegurar el desplazamiento, la organización gestionaba el trámite de pasaportes, adquiría tiquetes aéreos e instruía a las personas sobre las respuestas que debían suministrar ante los controles migratorios.
Los trayectos internacionales partían desde Colombia con escalas estratégicas en Ámsterdam (Países Bajos) o aeropuertos de España, para continuar hacia Bangkok (Tailandia) y finalmente ingresar por vía terrestre o aérea a Phnom Penh (Camboya) o sectores fronterizos cercanos a Tây Ninh (Vietnam).
Al llegar a territorio asiático, las promesas laborales desaparecían. Las víctimas eran encerradas en complejos custodiados por vigilancia armada y sometidas a jornadas nocturnas de hasta 12 horas continuas. Para recobrar la libertad, la red les exigía el pago de una supuesta deuda de 30 millones de pesos por gastos de traslado o permanecer un mínimo de seis meses obligatorios trabajando para la banda. Quienes no alcanzaban las metas diarias de recaudación sufrían sanciones económicas, agresiones físicas y psicológicas, restricciones de atención médica, amenazas de muerte o de ser «vendidos» a otras mafias en Asia.
Suplantación de la Registraduría y ciberestafas desde Asia
Las operaciones ilícitas dirigidas hacia ciudadanos en Colombia requerían una preparación previa denominada ‘Mastereo’, donde las personas retenidas eran adiestradas en guiones de manipulación e ingeniería social. Una de las principales modalidades operativas consistía en contactar telefónicamente a usuarios en Colombia haciéndose pasar por funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Bajo el pretexto de adelantar el trámite de la cédula digital, los operadores convencían a los ciudadanos de instalar aplicaciones en sus dispositivos móviles. Dichas plataformas contenían programas maliciosos (malware) que permitían al brazo tecnológico de la organización tomar el control de los teléfonos para vaciar las cuentas bancarias. Adicionalmente, ejecutaban fraudes con criptomonedas y suplantación de identidad.
La estructura jerárquica estaba encabezada a nivel global por un hombre conocido como ‘Jiaxing Ye’, alias con el que controlaba la red de coordinadores financieros y reclutadores. Dentro de los recintos de operación en Camboya, la supervisión directa y los castigos estaban a cargo de un sujeto apodado ‘Hao’, mientras que el flujo financiero lo administraba una familia asiática. En los testimonios recopilados se destaca a una mujer que usaba tapabocas para ocultar su rostro mientras recibía los balances diarios del dinero defraudado.
Despliegue policial y capturas entre Colombia y España
Las diligencias judiciales coordinadas dejaron como resultado tres capturas por orden judicial en Bogotá y dos retenciones en España mediante notificaciones rojas de Interpol en las provincias de Zamora y Castellón. Asimismo, las autoridades emitieron tres notificaciones azules para ubicar a otros presuntos colaboradores.
En territorio colombiano se identificó a Eslaineir Alexis Campo Rodríguez, señalado de liderar el proceso de perfilamiento, captación y traslado de las víctimas; a Cristian Camilo Ortiz Avendaño; a Yuris Marcela Reyes Zambrano; a Karina Yulieth Doncell Rojas, vinculada con la instalación del software malicioso; y a Viviana Karoly Daza Ospino. Los investigadores confirmaron que varios de estos integrantes ingresaron originalmente al sudeste asiático en calidad de víctimas, pero posteriormente se adhirieron a la estructura criminal para coordinar la captación de nuevos colombianos.
Los implicados enfrentan procesos penales por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. En tanto, las dos personas ubicadas en territorio español permanecen privadas de la libertad a la espera de que se resuelvan sus correspondientes trámites de extradición hacia Colombia.
