Nuevamente  la tensión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe ha vuelto a escalar, esta vez por la crisis de seguridad que atraviesa el departamento de Cauca a manos de las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’.

Durante un evento celebrado en la Universidad de La Sabana, Uribe no dudó en arremeter contra el gobierno actual, afirmando que “Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presionen con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el Gobierno esté promoviendo una lucha popular armada, y del otro lado las Fuerzas Armadas tengan que abstenerse de proteger a los colombianos”. Estas declaraciones, que rápidamente se difundieron por los medios y redes sociales, fueron seguidas de un trino en el que Uribe enfatizó que sus palabras se inscriben dentro del “deber constitucional” de las Fuerzas Armadas.

La respuesta de Petro no se hizo esperar. En su intervención, citó los artículos 467 y 468 del código penal, que tipifican como delito «derrocar al gobierno y alzarse en armas contra el orden constitucional». Petro interpretó los comentarios de Uribe como una incitación a la desobediencia de la fuerza pública contra el gobierno, lo que podría constituir un acto de sedición o rebelión, delitos que conllevan penas de prisión de cuatro meses a dos años.

El presidente recibió apoyo inmediato de varias figuras prominentes del petrismo. David Racero, representante del Pacto Histórico, junto a los senadores Ferney Silva y Clara López, y Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido, respaldaron la postura de Petro. Barreras manifestó que “Esas declaraciones cruzan el límite del golpismo. Los ciudadanos tienen derecho a exigir seguridad, pero un expresidente no puede olvidar que las Fuerzas Militares no son deliberantes y menos contradictorias”.

La confrontación no terminó ahí. Uribe, lejos de retractarse, anunció que se pronunciaría más tarde sobre el tema, dejando entrever que la disputa continuará en el escenario público.

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