El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al desautorizar públicamente a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, respecto a la licitación para emitir los pasaportes en Colombia. Durante un evento oficial, Petro declaró que el proceso adelantado por la Cancillería tenía vicios de legalidad y que no se permitiría la continuidad de Thomas Greg & Sons, la firma que históricamente había manejado el servicio.
La decisión tomó fuerza luego de que el mandatario denunciara que se estaba ejecutando una licitación «fraudulenta» desde el interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad actualmente bajo la dirección de Sarabia. Esta intervención presidencial representa no solo una ruptura con una figura clave de su gobierno, sino también una redefinición del rumbo en la contratación estatal de documentos vitales para la ciudadanía.
Críticas a la contratación y señalamientos de ilegalidad
Durante su intervención, el presidente fue enfático al señalar que la licitación adelantada “no cumplía con los principios de transparencia y competencia”, y que su ejecución favorecía a un único proveedor. El mandatario fue claro al afirmar que «no va a seguir Thomas Greg & Sons», marcando así el final de una relación comercial que había sido criticada en varias ocasiones por su falta de pluralidad.
Según Petro, mantener un solo oferente en un proceso que afecta a millones de colombianos va en contra de los principios del gobierno del cambio. Aunque Laura Sarabia respaldaba el proceso en curso, la postura presidencial dejó sin piso político y técnico esa gestión. La Cancillería, por su parte, ha evitado responder de forma directa a la desautorización, limitándose a declarar que “respetarán las directrices del Ejecutivo”.
Tensiones internas en el gobierno y presión pública
Esta situación ha desatado tensiones internas en el gobierno, donde algunos sectores ven en la decisión una señal de fractura dentro del círculo cercano al presidente. Laura Sarabia, una de las figuras más visibles y controvertidas del gobierno Petro, había sido anteriormente centro de polémicas relacionadas con manejos administrativos y procesos de inteligencia. Ahora, su actuación frente a la licitación de los pasaportes se convierte en un nuevo punto de discusión pública.
Desde sectores de oposición y analistas independientes, se ha valorado positivamente que Petro tome distancia de posibles irregularidades, aunque también se cuestiona por qué no se ejerció un control más estricto desde el inicio del proceso. El hecho de que la licitación estuviera tan avanzada antes de su anulación ha encendido alarmas sobre la falta de coordinación dentro del Ejecutivo.
¿Qué sigue para la expedición de pasaportes en Colombia?
Con la cancelación del contrato con Thomas Greg & Sons, el país enfrenta ahora una incertidumbre inmediata: ¿quién se encargará de producir los pasaportes? Petro aseguró que se buscará un nuevo proceso que garantice mayor pluralidad y transparencia, y que se podrían abrir las puertas a operadores internacionales que cumplan con altos estándares de calidad y legalidad.
No obstante, el cambio repentino podría generar retrasos en la expedición de este documento vital, lo cual preocupa a miles de ciudadanos que requieren del pasaporte para viajar, estudiar o trabajar en el exterior. La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones ya han solicitado que se implementen medidas de contingencia para no afectar los derechos fundamentales de movilidad y acceso a servicios consulares.
Esta controversia también reabre el debate sobre la concentración de contratos estatales en pocas empresas y la urgencia de implementar reformas profundas en los procesos de contratación pública en Colombia. ¿Será este el punto de inflexión para avanzar hacia una mayor democratización de las licitaciones?
