El Gobierno colombiano, a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a los recientes atentados en Valle y Cauca, que hasta el momento han dejado un saldo de tres policías asesinados y han impactado la tranquilidad de al menos 13 municipios. La reacción incluye un paquete de acciones estratégicas para contener la escalada violenta y garantizar la seguridad en estas regiones clave del suroccidente del país.
Con el objetivo de acelerar la captura de los responsables y prevenir nuevos ataques, el ministro anunció una recompensa de hasta $300 millones para quienes entreguen información útil. Las líneas 107 y 157 han sido habilitadas para canalizar denuncias ciudadanas de forma segura y confidencial. “Vamos a encontrarlos y llevarlos ante la justicia”, sentenció Sánchez en un mensaje dirigido tanto a las víctimas como a los actores criminales.
Activan Burbuja de Inteligencia y despliegan fuerzas especiales
Como parte del plan de reacción inmediata, el Ministerio de Defensa ha dispuesto la activación de una Burbuja de Inteligencia conjunta, un mecanismo diseñado para operar en tiempo real y facilitar el análisis detallado de las acciones criminales. Esta herramienta permitirá anticipar movimientos de grupos ilegales y neutralizar amenazas antes de que se concreten.
Paralelamente, se ha ordenado el despliegue de unidades especiales en las zonas afectadas, con el fin de incrementar el control territorial, garantizar la seguridad de la población y asegurar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad. La combinación de inteligencia y presencia operativa busca debilitar a las estructuras criminales que han sembrado el terror en esta zona del país.
Coordinación interinstitucional para una respuesta integral
El plan también contempla una coordinación directa con las autoridades locales y regionales. Este componente permitirá articular decisiones estratégicas de forma más eficiente y asegurar que las necesidades de cada municipio se atiendan con oportunidad y precisión. La participación activa de alcaldes y gobernadores se considera fundamental para recuperar la confianza ciudadana.
Asimismo, se fortalecerá la articulación con la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de acelerar los procesos judiciales. Esta colaboración se enfocará en la identificación, individualización y judicialización de los responsables de los atentados, quienes podrían enfrentar cargos por terrorismo, homicidio y otros delitos graves.
El trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la Fiscalía busca que la respuesta del Estado no se limite al ámbito militar, sino que también avance en el terreno legal, asegurando que no haya impunidad y que cada responsable sea procesado conforme a la ley.
