La decisión del Gobierno nacional de eliminar la prima especial de servicios para los congresistas, que representa una reducción cercana a los $16,9 millones mensuales, provocó una reacción inmediata desde el Congreso. El presidente del Senado, Lidio García, cuestionó el decreto y lo calificó como un mensaje político contra la independencia del Legislativo.
El senador liberal recordó que el presidente Gustavo Petro recibió este beneficio durante casi dos décadas cuando fue congresista, sin haber manifestado inconformidad en ese momento. A su juicio, la medida no responde a una política de austeridad, sino a una retaliación frente a un Congreso que —según afirmó— ha decidido no someterse a la agenda del Ejecutivo.
Pese a sus críticas, García confirmó que el Congreso acatará la decisión, en respeto al Estado de Derecho. No obstante, advirtió que la independencia de las ramas del poder público no es negociable y reiteró que el Legislativo continuará ejerciendo su función de control político.
La eliminación de la prima, que fue creada en 2013 para unificar varios beneficios, aplicará para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, reduciendo de forma significativa sus ingresos mensuales. Aunque el salario básico se mantiene, la prima representaba un monto superior al sueldo base.
Mientras desde la presidencia del Senado se cuestiona el alcance político del decreto, otros congresistas han respaldado la medida, señalando que busca reducir la brecha entre los ingresos de los legisladores y la realidad económica del país. La decisión, en todo caso, reabre el debate sobre la remuneración del Congreso y profundiza las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
