Los dos soldados del Ejército Nacional que habían sido secuestrados en la zona rural de La Macarena, Meta, fueron liberados tras varios días de incertidumbre. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ambos uniformados se encuentran en buen estado de salud y ya fueron trasladados para reencontrarse con sus familias. La noticia fue confirmada en la noche del martes 4 de noviembre y representa un alivio para las instituciones y las comunidades de la región.
El secuestro de los soldados había generado gran preocupación entre las autoridades y los habitantes del sur del Meta, una zona históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales. Tras intensas gestiones humanitarias, la Defensoría y la Iglesia Católica intervinieron para lograr la liberación, bajo un protocolo que garantizó su seguridad y respeto por los derechos humanos.
El papel de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica
Según la Defensoría del Pueblo, su equipo regional en Meta lideró las acciones de mediación con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La institución confirmó que los soldados fueron entregados en una zona rural y posteriormente trasladados a un lugar seguro. Estas gestiones se dieron en coordinación con la Iglesia Católica, que ha actuado históricamente como mediadora en procesos de liberación humanitaria.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó que este resultado es fruto del diálogo humanitario y del compromiso por proteger la vida. “Seguiremos insistiendo en el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en la liberación de todas las personas que hoy permanecen privadas de la libertad”, señaló.
Las autoridades valoraron también la cooperación con el Ejército Nacional, que suspendió operaciones en el área durante el proceso para permitir un desenlace sin violencia. Esta medida evidenció la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de las víctimas y de los equipos humanitarios en zonas de conflicto.
Contexto del secuestro y situación de orden público en el Meta
Los dos militares habían sido secuestrados el pasado fin de semana cuando realizaban labores de patrullaje en un sector rural de La Macarena, donde operan disidencias de las antiguas FARC. Fuentes del Ejército indicaron que los uniformados pertenecen a la Brigada Móvil 9, unidad adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una de las más activas en la lucha contra estructuras armadas en el sur del país.
La zona de La Macarena continúa siendo una de las más complejas en materia de seguridad debido a la presencia de grupos ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. En los últimos meses, varias comunidades han denunciado un incremento de amenazas y desplazamientos forzados, lo que mantiene la atención de organismos humanitarios y de derechos humanos.
El Gobierno Nacional, a través del Alto Comisionado para la Paz, reiteró su llamado al respeto por la vida y la libertad, especialmente en regiones donde persisten las hostilidades. “El secuestro no puede tener cabida en un país que busca la paz total”, enfatizó la entidad en un comunicado.
¿Qué sigue después de esta liberación?
Tras su recuperación, los dos soldados liberados fueron sometidos a valoraciones médicas y psicológicas. Según las primeras revisiones, ambos se encuentran en buen estado físico y mental. En los próximos días serán trasladados a sus unidades de origen, donde recibirán acompañamiento por parte del Ejército Nacional y sus familias.
Esta liberación se suma a otros hechos recientes que han puesto en evidencia los desafíos del proceso de paz total impulsado por el Gobierno. Aunque se han registrado avances en el diálogo con algunos grupos armados, los secuestros y ataques contra la fuerza pública demuestran que aún existen sectores que no se acogen a los acuerdos.
El presidente Gustavo Petro celebró la liberación e insistió en que el respeto a la vida y al DIH debe ser un principio innegociable en cualquier proceso de negociación. Por su parte, organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a continuar fortaleciendo los canales humanitarios para proteger a la población civil y a los miembros de la fuerza pública que prestan servicio en zonas de riesgo.
La Defensoría del Pueblo reiteró su disposición a mantener abiertos los espacios de diálogo y mediación en casos similares. “Cada liberación representa un paso hacia la reconciliación, pero también nos recuerda que el secuestro sigue siendo una práctica inaceptable que debe erradicarse definitivamente”, subrayó Camargo Assis.
El hecho deja un mensaje de esperanza, pero también de reflexión sobre los retos que enfrenta el país en la consolidación de una paz estable y duradera. ¿Será posible erradicar completamente el secuestro en Colombia mientras persistan los grupos armados ilegales?
