La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró 2025 como la entidad del sector justicia con el mayor nivel de ejecución presupuestal del país. De acuerdo con auditorías del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, la justicia transicional ejecutó el 99,3 % de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, sin que se identificaran hallazgos administrativos, fiscales ni penales.
Durante 2025, la JEP recibió COP 777.069 millones, cerca de COP 105.000 millones más que en 2024. De ese total, COP 588.211 millones se destinaron a funcionamiento y COP 188.858 millones a proyectos de inversión. Según los organismos de control, el uso de los recursos se ajustó a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
Los recursos permitieron fortalecer la atención a las víctimas y el avance de los procesos judiciales. La JEP garantizó representación judicial a 6.555 víctimas, acreditó a 2.063 víctimas individuales y 55 sujetos colectivos, y adelantó más de 235 audiencias públicas, 518 diligencias judiciales y 338 versiones de comparecientes. Además, ordenó 44 exhumaciones que permitieron la entrega digna de los restos de 147 víctimas del conflicto armado.
El 2025 fue también un año clave en materia judicial. La JEP emitió sus dos primeras sentencias restaurativas: una contra siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc por más de 21.000 casos de secuestro, y otra contra 12 exmilitares del Batallón La Popa por ejecuciones extrajudiciales. A esto se sumó la condena a 20 años de prisión contra el coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, tras un juicio adversarial.
Para la Contraloría, estos avances reflejan una gestión adecuada de los recursos públicos. El ente de control destacó que la justicia transicional alcanzó un nivel de reconocimiento de verdad del 91,46 %, tras el análisis de más de 2,3 millones de hechos y la recepción de más de 2.000 versiones.
Pese a estos resultados, el panorama financiero para 2026 plantea retos. El presupuesto de la JEP fue reducido a COP 744.659 millones, es decir, COP 32.410 millones menos que el año anterior. Aunque el Gobierno incorporó recursos adicionales a finales de 2025 para cumplir las primeras sentencias restaurativas, la entidad deberá continuar con nuevas sanciones y procesos judiciales en curso.
