Terminada la dictadura militar en Argentina, el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) pasó a los tribunales civiles los casos asociados con violaciones de Derechos Humanos que estaban siendo investigados por la jurisdicción penal militar. De antemano, nadie esperaba que esto ocurriera, además de que los militares argumentaban lo sucedido bajo el discurso de la defensa de la patria contra el terrorismo.
Puesto que la situación jurídica de los militares dependía de la justicia civil, la Fiscalía nombró a Julio Strassera (1933-2015) (interpretado por Ricardo Darín en la película “Argentina 1985”) (1) para adelantar la investigación y suministrar pruebas con las que se imputaría a la Junta Militar. Esta fue una tarea difícil no solo por el ambiente político del momento, sino también porque, si algo caracteriza a las dictaduras, es que durante su permanencia logran permear todos los campos del Estado, incluyendo el legislativo y judicial (2). Era de esperarse que muchos abogados, fiscales y jueces trabajaran con o para la Junta Militar.
Llegado el día para la exposición de casos, el fiscal Strassera presentó ante el tribunal y los asistentes una multiplicidad de versiones libres en las que las víctimas contaban las atrocidades vividas: abusos sexuales, torturas, desaparición forzosa de familiares, persecución, violencia física, verbal y psicológica, etc. Una suerte de experiencias que, como él mismo lo planteó en la disertación de imputación, no tenían relación alguna con la obligación del Estado de proteger el orden, la paz y el bienestar de sus ciudadanos. A esto, el Fiscal lo denominó: “puro sadismo y perversión ética”, ya que “ninguna lógica militar es compatible con el genocidio perpetrado a una población civil indefensa” y, por el contrario, la respuesta del Ejército había sido “feroz, clandestina y cobarde”.
Lastimosamente, en el caso colombiano también hemos tenido que vivir experiencias del talante horroroso que describió el mencionado Fiscal, con el agravante de que muchas han ocurrido después de ratificarse la carta constitucional de 1991. Téngase presente que, a diferencia de la anterior (1886), en esta la protección de los derechos fundamentales es una de las principales tareas del Estado. No obstante, abundan las experiencias en las que los abusos de las fuerzas militares y de policía, junto con el “sadismo y la perversión ética”, han dominado la trayectoria de nuestro conflicto social armado (3).
Ejecuciones (falsos positivos) en un país en el que no hay pena de muerte, desaparición forzada, acoso, abusos sexuales, e incluso genocidios como el de la UP, hoy investigado por la JEP como caso 06 (4), han sido la constante en esta larga y trágica historia. Sin embargo, como si se tratara de una comedia trágica, aún persisten narrativas negacionistas que, escudándose en la presunta defensa de las Fuerzas Militares y de Policía, solo han servido para menoscabar más la imagen de estas instituciones, al tiempo que pretenden ocultar su responsabilidad política, social y judicial en dichos escándalos.
Menciono esto a propósito de los hallazgos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, pues desde el 2024, la JEP, junto con la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y con el apoyo del Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, vienen explorando el terreno partiendo de un universo: 502 personas dadas por desaparecidas; cifra que se relaciona con las 5.912 personas desaparecidas que se registran solo en Medellín (5).
Lo impactante del asunto es que, aunque las administraciones municipales han rechazado las denuncias, después de que la JEP adoptara medidas cautelares para proteger La Escombrera, los resultados comenzaron a verse. En un polígono de 6.912 mts², se priorizó un área de 2.417 mts², arrojando muestras de restos óseos y de ropa que ha sido reconocida por familiares denunciantes.
¿Qué se pretende ocultar? Es paradójico que quienes abogan por defender la verdad, la justicia y el orden insistan en callar las experiencias del conflicto armado. El caso de La Escombrera, como los otros casos aberrantes en los que se han descubierto fosas comunes, resultado de masacres cometidas por el paramilitarismo, las guerrillas y las fuerzas militares, debería servirnos para reflexionar sobre las implicaciones de mantener una guerra en la que todos somos perdedores.
Perdemos como sociedad, porque triunfa el miedo sobre la libertad; perdemos como ciudadanos, porque no logramos apropiar los postulados constitucionales y seguimos insistiendo en resolver nuestros conflictos bajo los criterios sociales con los que definimos la realidad; perdemos como ciudadanos, porque fracturamos la cohesión y terminamos gobernados por los antivalores; en conclusión, perdemos todos ante el triunfo de la “perversión ética y el sadismo”.
Citas:
- La película está en Prime-Vídeo.
- Para ahondar en los estudios sobre las dictaduras, ver: Paixao, Cristiano (2024)
Dictatorships, in: the cambridge history of Latin american law in global perspective,
Cambridge University Press, pp. 422-459. Es de consulta gratuita. - Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica ofrece información digital; su consulta
es perentoria: https://centrodememoriahistorica.gov.co - Sobre la masacre de la UP: https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso06.html
- Para ver los avances hechos por la JEP en este caso: https://www.jep.gov.co/Sala-de-
Prensa/Paginas/la-unidad-de-busqueda-y-la-jep-encontraron-dos-nuevos-cuerpos-en-la-
escombrera.aspx
