Una jueza de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada el pasado 31 de diciembre por la jueza 79 de control de garantías, quien concluyó que no se cumplen los presupuestos legales exigidos para conceder este beneficio, al considerar que el término mínimo establecido por la ley aún no se ha agotado. En consecuencia, Ortiz Nova continuará privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
Durante la audiencia, la jueza explicó que para que proceda la libertad por vencimiento de términos se requiere que hayan transcurrido 240 días imputables a la judicatura. Sin embargo, según el análisis del despacho, desde el inicio del conteo legal, el 24 de enero, solo se han cumplido 158 días atribuibles al juzgado.
La funcionaria precisó que, aunque en total han transcurrido 342 días, una parte significativa de ese tiempo corresponde a actuaciones atribuibles a la defensa, incluidos aplazamientos y la tramitación de una nulidad procesal, así como a situaciones de fuerza mayor. Por esta razón, el término legal exigido no se encuentra vencido.
El proceso que enfrenta la exconsejera
Sandra Ortiz fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación en septiembre, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según el ente acusador, la exfuncionaria habría participado en la entrega de millonarios sobornos a altos funcionarios del Congreso, en el marco del entramado de corrupción relacionado con la UNGRD y la contratación de carrotanques para La Guajira.
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En la misma diligencia, la jueza también negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento por una menos restrictiva. El abogado defensor, Mauricio Camacho, anunció que apelará la decisión ante la instancia correspondiente, al considerar que se han vulnerado las garantías procesales de su clienta.
Mientras tanto, el proceso penal continúa y la exconsejera presidencial permanecerá bajo medida de aseguramiento, a la espera de las siguientes etapas judiciales.
