Alias Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias de las Farc, reapareció públicamente para convocar una cumbre con distintas organizaciones armadas ilegales, en un contexto marcado por la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, hechos que calificó como una agresión directa contra la soberanía regional.
La convocatoria fue realizada el pasado 7 de enero de 2026 y estuvo dirigida al ELN, la Segunda Marquetalia, el EPL y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el propósito de avanzar en la conformación de lo que denominó un “bloque insurgente” de alcance regional.
El mensaje fue difundido a través de canales clandestinos y respaldado por el Secretariado del Estado Mayor Central, en el que se insiste en la necesidad de cerrar filas ante lo que consideran una amenaza de intervención extranjera en América Latina.
En el video grabado, presuntamente en las selvas amazónicas, Néstor Gregorio Vera Fernández sostuvo que la operación militar en Venezuela no es un hecho aislado, sino una señal de riesgo para otros países de la región, incluida Colombia. En su pronunciamiento, citó una frase atribuida a Simón Bolívar y afirmó que la acción de Estados Unidos representa una afrenta a la denominada “patria grande”.
También insistió en que, pese a los desencuentros históricos entre estos grupos, comparten una misma causa y un enemigo común, por lo que propuso la realización de una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de otros países de la región.
Autoridades advierten que este tipo de pronunciamientos no se limitan a coincidencias discursivas y podrían buscar mecanismos de articulación operativa, especialmente en corredores estratégicos, zonas de frontera y territorios asociados a economías ilegales.
Alias Iván Mordisco es uno de los hombres más buscados del país. El Gobierno nacional ofrece una recompensa de 4.500 millones de pesos por información que permita su captura. Enfrenta investigaciones por genocidio contra el pueblo indígena nasa en el Cauca, así como procesos por atentados con explosivos, asesinatos de menores indígenas, secuestros y otros hechos violentos ocurridos entre 2017 y 2025.
