La red pública hospitalaria del departamento de Risaralda ha encendido de manera dramática las alarmas tras confirmar que atraviesa por una de las peores coyunturas financieras registradas en los últimos años. La severa falta de liquidez, provocada por el prolongado y sistemático incumplimiento en los pagos por parte de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS), ha llevado a una situación extrema. Como consecuencia directa de este escenario de insolvencia, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira se ha visto obligado a suspender de forma indefinida la atención ambulatoria y los servicios de remisiones para los afiliados de la entidad Asmet Salud EPS. La restricción, que entra en vigor de manera oficial, marca un punto de quiebre que amenaza con desatar una emergencia sanitaria sin precedentes en toda la región cafetera del país.
La vocería de esta masiva alerta sectorial estuvo a cargo de la doctora Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AiSalud). El pronunciamiento gremial se dio inmediatamente después de una crucial cumbre extraordinaria desarrollada entre los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE) de la región y el secretario de Salud departamental. Durante este encuentro institucional se evaluó el devastador panorama operativo que enfrentan los centros médicos, derivado directamente del estrangulamiento de los recursos financieros indispensables para la compra de insumos básicos y el pago de las planillas del personal asistencial.
Un colapso financiero que asfixia a los hospitales locales
De acuerdo con las declaraciones entregadas por la directora ejecutiva de AiSalud, el panorama es especialmente crítico con Asmet Salud EPS, una entidad que actualmente se encuentra bajo la medida de intervención forzosa por parte del Gobierno Nacional. A pesar de dicha figura de control estatal, la promotora de salud acumula un retraso superior a los tres meses sin efectuar ningún tipo de giro económico a múltiples hospitales de baja complejidad que operan en los diferentes municipios risaraldenses. Asimismo, la doctora Zuluaga enfatizó que los montos transferidos de manera parcial a instituciones de alta complejidad y especializadas han resultado completamente insuficientes para cubrir los costos mínimos de operación.
«Lamentablemente, Asmet Salud lleva más de tres meses sin giro alguno a varios de los prestadores de baja complejidad. En el caso del Hospital San Jorge y el Hospital Mental, los giros han sido insuficientes para garantizar la calidad y la oportunidad en la prestación del servicio», precisó la directiva.
La gravedad del problema escaló de nivel luego de que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) notificara formalmente a las autoridades regionales que no existe ningún tipo de postulación o reserva de fondos radicada por Asmet Salud para el presente mes. Esta omisión administrativa implica que la red pública del departamento sumará un mes adicional con un flujo de caja en cero por parte de dicha entidad, agravando la asfixia económica y truncando cualquier posibilidad de estabilización inmediata para los centros médicos vinculados a la red de atención.
La líder del gremio hospitalario fue enfática en señalar que este preocupante fenómeno no se limita de manera exclusiva a un solo actor del sistema. Por el contrario, explicó que otras grandes operadoras como Nueva EPS, Coosalud y Pijao Salud también vienen registrando alarmantes demoras en sus obligaciones contractuales, realizando transferencias monetarias fragmentadas o extemporáneas. El panorama consolidado por AiSalud estima que la deuda total acumulada con los hospitales públicos del departamento sobrepasa los $400.000 millones de pesos, de los cuales una cifra superior a los $50.000 millones de pesos corresponde de forma específica a la cartera en mora de Asmet Salud.
Suspensión de procedimientos de alta complejidad y desabastecimiento médicos
El impacto operativo de este multimillonario déficit financiero ya es plenamente visible dentro de las instalaciones del Hospital Universitario San Jorge de Pereira. El subgerente asistencial del centro hospitalario, el doctor Diego Rivas, ofreció un balance sombrío sobre el estado actual de la institución, confirmando que la acumulación de cuentas por cobrar a las cuatro EPS antes mencionadas asciende de manera particular a los $122.633 millones de pesos. Esta gigantesca parálisis de recursos ha impedido que el hospital cumpla con sus compromisos laborales básicos, afectando gravemente a su talento humano.
Como reflejo inmediato de esta iliquidez, el cuerpo de médicos especialistas que labora en el centro asistencial ya completa un trimestre entero sin percibir la remuneración correspondiente a sus honorarios profesionales. Adicionalmente, la administración del hospital ha manifestado severos tropiezos para garantizar de forma puntual el pago de la nómina del personal administrativo y de enfermería general. No obstante, el impacto más nocivo y temido se está registrando directamente sobre la seguridad y el bienestar de la población civil que acude en busca de asistencia médica de urgencia.
El subgerente asistencial confirmó detalladamente que, debido a la imposibilidad de pagar a los proveedores de insumos y materiales quirúrgicos, el Hospital San Jorge se vio forzado a suspender de raíz múltiples procedimientos médicos especializados esenciales. Desde hace varias semanas, las salas de cirugía e intervención del centro médico dejaron de ofertar los servicios de hemodinamia, intervencionismo general, drenaje de colecciones complejas y la toma de biopsias diagnósticas.
A esta crítica parálisis de servicios especializados se sumó recientemente la escasez absoluta de medios de contraste radiológicos. La falta de este componente químico elemental ha neutralizado por completo la capacidad técnica del hospital para llevar a cabo estudios diagnósticos avanzados e imágenes de alta resolución, indispensables para determinar tratamientos en pacientes con patologías crónicas o agudas. Ante este desolador desabastecimiento, la gerencia hospitalaria tomó la determinación de blindar administrativamente sus servicios urgentes y restringir la aceptación de pacientes que sean remitidos desde los centros asistenciales de los demás municipios del departamento.
Incertidumbre regional y el clamor por la intervención gubernamental
Las implicaciones de un cese total de actividades en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira trascienden las fronteras políticas del departamento de Risaralda. Al consolidarse históricamente como la principal institución pública de referencia médica en el Eje Cafetero, sus pabellones clínicos reciben de manera cotidiana a centenares de pacientes en estado crítico provenientes de extensas zonas geográficas aledañas, tales como el departamento del Chocó, el Norte del Valle del Cauca y diversos municipios del Quindío y Caldas.
«¿Para qué recibir un paciente si sabemos que no vamos a poder realizarle los procedimientos que necesita?», cuestionó abiertamente el doctor Diego Rivas, visibilizando la encrucijada ética y logística en la que se encuentran los directivos hospitalarios de la región.
Frente a la inminencia de la parálisis total del servicio a partir del inicio del nuevo mes, los representantes legítimos de la red hospitalaria pública manifestaron que han agotado todas las vías institucionales y los canales de comunicación formal ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, las directivas regionales lamentan profundamente que, hasta la fecha, el Gobierno Nacional no haya estructurado un plan de contingencia real ni haya inyectado soluciones financieras de fondo que mitiguen de forma efectiva la presente iliquidez.
Ante la falta de respuestas contundentes por parte del nivel central, el Gobierno Departamental de Risaralda ha anunciado que procederá a notificar de manera oficial e inmediata a cada una de las EPS deudoras. El objetivo de este requerimiento legal es exigirles que definan con precisión y de forma pública cuáles serán los planes de contingencia y las clínicas privadas alternas donde reubicarán y atenderán a la masa de pacientes que ya no podrán ser recibidos en la red pública hospitalaria. La comunidad de la región cafetera aguarda con profunda incertidumbre el desarrollo de una crisis sectorial que vulnera directamente el derecho fundamental a la salud de miles de ciudadanos colombianos.
