El Gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, anunciaron la reanudación de los diálogos sociojurídicos tras superar la suspensión provisional que el grupo armado había declarado a comienzos de febrero.
La decisión fue confirmada en un comunicado conjunto del Grupo de Trabajo para esta negociación, luego de una reunión sostenida el 9 de febrero en Bogotá por invitación del Grupo de Países Mediadores, integrado por Catar, España, Noruega y Suiza, con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) y la Conferencia Episcopal colombiana.
Según el comunicado, la sesión se desarrolló en un “ambiente constructivo” y permitió dar por superada la suspensión anunciada días antes por el Estado Mayor Conjunto del EGC. Las partes aseguraron que el proceso “continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos”.
El pasado 4 de febrero, el Clan del Golfo había anunciado la congelación de los contactos tras considerar una presunta vulneración a la buena fe, luego de que se informara que el Gobierno tenía entre sus objetivos a Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del grupo, y que se habrían compartido nombres de jefes del narcotráfico con Estados Unidos.
Pese al impasse, la Consejería Comisionada de Paz aseguró que la mesa se encontraba en estado avanzado. Desde diciembre, además, se mantienen suspendidas órdenes de captura contra varios de los principales voceros del grupo para garantizar su participación en el proceso.
En el marco de los acuerdos alcanzados previamente en Doha, las partes definieron ampliar áreas de implementación de acciones piloto y crear tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba.
Asimismo, se estableció que la MAPP/OEA asumirá funciones de seguimiento, monitoreo y verificación dentro de un mecanismo tripartito, y se avanzará en la definición de protocolos operativos relacionados con seguridad, logística, manejo de material de guerra y resolución de controversias.
El proceso no corresponde a un acuerdo de paz tradicional, sino a un diálogo sociojurídico orientado al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento de economías ilegales, en el marco de la política de ‘paz total’ del Gobierno.
