El Gobierno nacional publicó el borrador del decreto con el que busca limitar las inversiones de los fondos privados de pensiones en el exterior y obligarlos a traer al país una parte significativa de esos recursos durante los próximos cinco años.
El documento, divulgado por el Ministerio de Hacienda, establece un tope global del 30 % para las inversiones fuera de Colombia, cuando actualmente cerca del 50 % del ahorro pensional se encuentra invertido en activos internacionales. Con esta medida, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán repatriar alrededor de $93 billones de pesos de forma gradual, de los cuales $75 billones regresarían en los primeros tres años.
Según el borrador, el ajuste no requeriría desinversiones abruptas. El Gobierno plantea que el cumplimiento del nuevo límite se logre mediante el uso de nuevas cotizaciones y el vencimiento natural de las inversiones en el exterior, con el objetivo de preservar la rentabilidad y evitar impactos negativos en los mercados financieros.
El Ejecutivo sostiene que canalizar estos recursos hacia la economía local tendría efectos positivos en el crecimiento económico. Los fondos repatriados estarían destinados principalmente a proyectos de infraestructura, movilidad, energía, transición energética y bienes públicos estratégicos, incluyendo iniciativas del Plan Maestro de Transporte Intermodal y proyectos con vigencias futuras ya aprobadas.
El decreto también contempla la creación de un banco de proyectos de inversión, que permitiría orientar el ahorro pensional hacia iniciativas productivas públicas y privadas dentro del país. En este esquema, el Ministerio de Hacienda podría convocar mesas técnicas con las AFP, el sector privado y entidades públicas para facilitar la implementación.
El borrador se encuentra en fase de comentarios, y de avanzar el proceso, los fondos tendrían plazos definidos para presentar sus planes de ajuste y comenzar la redistribución de los recursos. La iniciativa ha generado debate en el sector financiero, mientras el Gobierno defiende que el ahorro pensional debe jugar un papel más activo en el desarrollo económico del país.
