El Gobierno nacional tiene listo un borrador de decreto con el que busca eliminar la prima especial de servicios que reciben los congresistas de la República, un pago mensual que en 2025 asciende a $16.914.540 y que forma parte de su remuneración total. La iniciativa es liderada por el Ministerio de Hacienda y se sustenta en consideraciones fiscales, jurídicas y de equidad salarial.
De acuerdo con el documento conocido, esta prima resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población colombiana y la realidad económica del país, lo que, según el Ejecutivo, dificulta el cierre de brechas sociales planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. El borrador advierte que se hace necesario reorientar la senda del gasto público y adoptar medidas de austeridad, siempre que estas no afecten derechos fundamentales, incluso en el caso particular de los congresistas.
Aunque la prima representa cerca de 17 millones de pesos mensuales, fuentes cercanas al Congreso señalan que, del salario total de los parlamentarios, se realizan retenciones que rondan los 20 millones de pesos, un punto que ha generado inconformidad entre algunos legisladores.
El decreto, de concretarse, solo aplicaría para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, por lo que no tendría efectos inmediatos sobre quienes actualmente ocupan una curul en el Senado o la Cámara de Representantes.
El origen de la prima y el sustento jurídico del decreto
La prima especial de servicios fue creada mediante el Decreto 2170 de 2013, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta remuneración sustituyó otras primas como las de salud, localización y vivienda, que habían sido cuestionadas por la Corte Constitucional. Desde entonces, el pago se incorporó como un componente adicional de la asignación salarial de los congresistas.
El borrador del nuevo decreto cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que este tipo de primas no son obligatorias ni automáticas, lo que le permitiría al Ejecutivo decidir si las reconoce o no. En ese sentido, el Gobierno considera que existe un sustento legal suficiente para eliminar la prima sin necesidad de una reforma constitucional o legal.
El texto también señala que la aplicación de esta prima ha generado inequidades y dificultades operativas, especialmente por la falta de uniformidad en los criterios utilizados para su reconocimiento, como el concepto de residencia que sirvió de base para su creación. Según el documento, estas distorsiones refuerzan la necesidad de suprimir el beneficio.
En consecuencia, el decreto derogaría expresamente el Decreto 2170 de 2013 y establecería que no se reconocerá ni pagará ningún beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha disposición, conforme a lo previsto en el artículo 138 de la Constitución Política.
Contexto fiscal, reacciones y estado actual de la medida
La propuesta se conoce en un contexto de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, luego del anuncio del incremento del salario mínimo para 2026 y en medio de la necesidad de controlar el gasto público.
La iniciativa ya ha generado reacciones en el ámbito político. Algunos congresistas y figuras públicas han manifestado su respaldo a la eliminación de la prima, señalando que esta no está contemplada en la Constitución ni en la ley, sino que fue creada por decreto y, por tanto, puede ser modificada o derogada por la misma vía.
Por ahora, el documento sigue siendo un borrador y no ha sido expedido oficialmente. Ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Trabajo han emitido un pronunciamiento definitivo, por lo que la prima especial de servicios continúa vigente mientras el proceso administrativo avanza.
La eventual eliminación de este beneficio quedará sujeta a que el proyecto de decreto sea firmado y publicado, lo que marcaría un cambio en la estructura salarial de los futuros congresistas a partir del periodo legislativo que iniciará en 2026
