La reciente ola de violencia desatada por el ELN en la región del Catatumbo ha llevado al Gobierno Nacional a declarar el estado de conmoción interior por 90 días, implementando medidas extraordinarias para contener la crisis. Como respuesta inmediata, se expidieron los decretos 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137 del 5 de febrero de 2025, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustibles, reorientar recursos públicos y fortalecer la protección de comunidades afectadas por graves violaciones a los derechos humanos.
Medidas para la inversión regional y la seguridad energética
El Decreto 131, expedido por el Departamento Nacional de Planeación, establece disposiciones para el financiamiento de proyectos con recursos de la asignación regional del 40 % del Sistema General de Regalías, priorizando la paz y la protección ambiental en el Catatumbo.
Por otro lado, el Decreto 132 permite al Ministerio de Minas y Energía restringir o suspender la distribución de combustibles líquidos y gas en caso de amenazas o riesgos detectados por organismos de inteligencia del Estado. Esta medida busca evitar que los grupos armados se beneficien del acceso a estos insumos clave para sus operaciones ilegales.
Comunicaciones, sustancias controladas y autonomía territorial
En el marco de esta declaratoria, el Decreto 133 otorga facultades al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para autorizar el uso del espectro radioeléctrico con fines de seguridad y socorro, beneficiando a organismos humanitarios y entidades estatales.
El Decreto 134, emitido por el Ministerio de Justicia, impone restricciones al uso de sustancias y productos químicos controlados en el Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar. Estas limitaciones buscan impedir que estos insumos sean utilizados en la fabricación de explosivos y otros fines ilícitos.
Adicionalmente, el Decreto 135 otorga facultades al gobernador de Norte de Santander y a los alcaldes de varios municipios afectados para reorientar rentas de destinación específica y así financiar gastos de funcionamiento, garantizando la estabilidad administrativa en las zonas más golpeadas por la violencia.
Protección de comunidades vulnerables y recursos públicos
Finalmente, los Decretos 136 y 137 establecen medidas extraordinarias para la protección de personas y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos, así como la utilización de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para atender la crisis humanitaria derivada del conflicto en la región.
Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca frenar la escalada de violencia en el Catatumbo y garantizar la seguridad y estabilidad en la región. Sin embargo, queda la incertidumbre sobre cómo reaccionarán los actores armados ilegales ante estas medidas. ¿Será suficiente esta estrategia para recuperar la tranquilidad en la zona?
