El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el proyecto de ley que será el punto de partida para la discusión sobre una Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este proyecto busca abrir un espacio de reflexión y reforma de cara a la nueva administración, con el objetivo de superar lo que el Ejecutivo califica como un bloqueo institucional en el Congreso que ha impedido avanzar en cambios estructurales.
En la exposición de motivos, el documento oficial de 23 páginas sostiene que las limitaciones del actual sistema político y la falta de reformas profundas han obstaculizado el fortalecimiento de los derechos sociales y la consolidación de la paz. Para Montealegre, este escenario evidencia la necesidad de una nueva arquitectura constitucional que garantice la participación ciudadana y la transformación del Estado. “El poder legislativo parece haber renunciado a la democracia deliberativa en desmedro del mandato de representación que el pueblo le ha delegado”, señala el texto, reafirmando la idea de que el Congreso de la República ha sido un factor de freno en el avance de las grandes reformas sociales promovidas por el Gobierno.
Un proyecto que busca responder al bloqueo institucional
Montealegre explicó que el Gobierno Nacional ha sido víctima de un bloqueo sistemático en el trámite de sus principales reformas, incluyendo la consulta popular, lo que ha deteriorado la confianza en el Congreso. Según el documento, esta situación ha afectado la posibilidad de materializar los derechos fundamentales de la población y de fortalecer la paz total, una de las principales apuestas del Gobierno Petro.
El ministro insistió en que “la búsqueda de la paz, que ahora tiene el objetivo de ser total, requiere acuerdos, reformas y dispositivos normativos que permitan el logro de los fines humanitarios y sociales de este tipo de procesos”. En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo plantea una revisión de fondo al marco institucional que, según Montealegre, ha sido incapaz de responder a las demandas sociales.
El documento sostiene que el Estado ha enfrentado durante décadas la falta de mecanismos eficaces para garantizar los derechos de los ciudadanos. Esto se refleja en la precarización de los derechos laborales, la insuficiencia en la prestación de servicios básicos como la salud y la vivienda, y la persistente impunidad en casos de violación de derechos humanos.
Los ejes de la Asamblea Constituyente propuesta por el Gobierno
El texto entregado por el ministro Montealegre a nombre del Ejecutivo detalla los ejes centrales que orientarán el debate de la Asamblea Constituyente. En primer lugar, se destaca la necesidad de avanzar hacia una reforma constitucional profunda en materia de derechos sociales. El documento recuerda que, pese a que la Constitución de 1991 ordenaba la creación de un estatuto del trabajo, este no ha sido expedido más de treinta años después, dejando los derechos de los trabajadores “a la deriva”.
Otro de los puntos clave es la transformación del Sistema de Salud, que según el Gobierno no ha logrado una cobertura universal ni un servicio digno para los ciudadanos. También se incluye la garantía del derecho a la vivienda como un compromiso central del nuevo proyecto, señalando que su ausencia afecta directamente la calidad de vida y la equidad social.
El documento resalta además la importancia de reconocer la Autonomía Territorial Indígena y de incluir la protección del campesinado, así como políticas efectivas frente al cambio climático y la soberanía alimentaria. En este marco, se propone dotar al presidente de la República de facultades extraordinarias para actuar frente a las omisiones legislativas en temas sociales críticos.
“El Congreso ha mostrado una ausencia de interés en materia social, lo que demuestra la necesidad de establecer una cláusula residual de competencia legislativa que permita al presidente actuar ante omisiones legislativas absolutas”, plantea el texto, subrayando la intención de evitar que la inacción del Legislativo frene los procesos de cambio.
Reformas institucionales: control fiscal, justicia y competencias del Estado
El proyecto también aborda la lucha contra la corrupción, proponiendo convertir la Contraloría General de la República en un tribunal de cuentas, con mayores capacidades de control y fiscalización. Frente a la Procuraduría General, el documento sugiere que funcione bajo un enfoque de justicia restaurativa, en el que prime la reparación y la prevención sobre la sanción.
Otro de los apartados hace referencia a la necesidad de reformar la Jurisdicción Administrativa para lograr una “unificación de criterios” que evite los cruces de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Según el documento, es urgente crear una jurisdicción constitucional especializada que centralice todas las acciones constitucionales y resuelva de forma coherente los conflictos entre órganos judiciales.
Finalmente, la propuesta incluye un planteamiento sobre la política monetaria, en el que el Ejecutivo busca otorgar al presidente de la República un papel más activo en su orientación, aunque —según aclara el documento— sin afectar la autonomía del Banco de la República. Este punto refleja el interés del Gobierno en equilibrar la independencia de las instituciones económicas con una mayor responsabilidad democrática en la toma de decisiones.
¿Qué implicaciones tendría esta Asamblea para el futuro político del país?
El proyecto de ley presentado por Montealegre no solo abre un debate jurídico, sino también político sobre el modelo de Estado que el país necesita. Si bien la Asamblea Constituyente no tiene aún un calendario definido, su sola presentación marca un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el Congreso. De concretarse, podría redefinir los equilibrios de poder y la estructura institucional del país.
El reto estará en garantizar que este proceso no se convierta en un nuevo foco de polarización política, sino en una oportunidad para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. ¿Podrá la Asamblea Constituyente convertirse en el espacio que permita al país superar décadas de estancamiento institucional y avanzar hacia una verdadera reforma social?
