El Gobierno nacional confirmó que esta misma semana comenzarán las aspersiones con glifosato para erradicar cultivos ilícitos de coca, una medida que marca un giro significativo en la política antidrogas del presidente Gustavo Petro a menos de un año de finalizar su mandato.
La estrategia, anunciada por el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, consiste en el uso de drones de aspersión terrestre, los cuales volarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre las plantas de coca, con el objetivo de realizar aplicaciones focalizadas y evitar impactos en comunidades y ecosistemas cercanos.
Según el Ejecutivo, esta modalidad responde tanto a recomendaciones del Ministerio de Salud como a los condicionamientos establecidos por la justicia, luego de que en 2015 se suspendiera la aspersión aérea desde avionetas debido a riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
Idárraga aseguró que la Policía Nacional iniciará las operaciones “a más tardar jueves o viernes”, una vez culminen los trámites administrativos pendientes, en un contexto de récord histórico de cultivos de coca en el país.
Aspersión “terrestre y controlada”: la defensa del Gobierno
El Ministerio de Justicia ha insistido en que la decisión no implica un retorno a la fumigación aérea masiva, sino a una aspersión terrestre altamente focalizada, que será aplicada únicamente en zonas específicas con alta presencia de organizaciones armadas ilegales.
De acuerdo con el ministro Idárraga, los drones permitirán una intervención “quirúrgica”, diseñada para actuar exclusivamente en áreas donde grupos armados estarían forzando a campesinos a sembrar hoja de coca, reduciendo así los riesgos colaterales que históricamente han generado rechazo social.
El funcionario también explicó que, bajo este modelo, no se realizarán consultas previas, argumentando que la aspersión no se aplicará en territorios cercanos a comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes, una afirmación que ya genera cuestionamientos desde distintos sectores.
“Aquí estamos hablando de una herramienta técnica, estrictamente regulada, que se ajusta al marco legal y ambiental vigente”, sostuvo Idárraga, descartando que se trate de una contradicción con la postura que el presidente Petro sostuvo durante años como congresista y opositor al uso del glifosato.
Controversia sanitaria, ambiental y rechazo comunitario
Pese a los argumentos oficiales, el anuncio ha reactivado una fuerte controversia en torno al uso del glifosato, un herbicida sobre el cual persisten alertas sanitarias y ambientales.
Comunidades campesinas han reiterado su oposición al químico, señalando posibles afectaciones a la salud, la destrucción de cultivos legales y denuncias históricas de malformaciones tras las aspersiones. A esto se suma la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha clasificado el glifosato como un producto con potencial efecto cancerígeno.
La Corte Constitucional, durante el gobierno de Iván Duque, ya había bloqueado el intento de retomar la aspersión aérea, al considerar que no se cumplían los requisitos de protección a poblaciones vulnerables y al medio ambiente, un antecedente que vuelve a cobrar relevancia con esta nueva estrategia.
Aunque el Gobierno sostiene que el modelo actual cumple con los condicionamientos legales, expertos advierten que el margen de maniobra sigue siendo estrecho y que cualquier desviación podría derivar en nuevas demandas judiciales.
Presión internacional y giro en la política antidrogas
El regreso del glifosato se produce en un momento de máxima tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, luego de que Washington retirara al país la certificación como aliado en la lucha contra el narcotráfico y anunciara sanciones contra el presidente Petro.
Estados Unidos ha cuestionado duramente lo que considera una política indulgente frente a los grupos armados dedicados a la producción de cocaína, en un contexto donde Colombia enfrenta cifras récord de cultivos ilícitos y una erradicación manual rezagada.
Con corte a noviembre, la erradicación apenas superaba las 7.000 hectáreas, una cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior, mientras que estimaciones filtradas del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) indican que la producción potencial de cocaína habría superado las 3.000 toneladas en 2024.
En este escenario, el Ejecutivo decidió reactivar el glifosato como una medida excepcional para intervenir las llamadas “zonas rojas”, especialmente en departamentos como Cauca y Nariño, donde la gobernanza criminal y la expansión de cultivos ilícitos se han intensificado.
Un decreto bajo observación y con alto riesgo político
Aunque el Gobierno insiste en que se trata de una decisión técnica y focalizada, el anuncio del inicio inmediato de las aspersiones abre un nuevo frente de debate político, social y jurídico.
Persisten dudas sobre el cumplimiento integral de los requisitos legales, la compra de los drones, la delimitación precisa de las zonas de intervención y el eventual impacto sobre comunidades que históricamente han sido afectadas por estas políticas.
Mientras tanto, el Ejecutivo prepara la publicación del informe conjunto entre el Ministerio de Justicia y la UNODC sobre cultivos de coca, previsto para enero, un documento que podría reforzar o debilitar la justificación de esta polémica medida.
El regreso del glifosato, ahora bajo un nuevo formato, se perfila como uno de los capítulos más controvertidos del cierre del gobierno Petro y un punto de inflexión en la política antidrogas del país.
