La orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, continuará suspendida tras una reunión sin acuerdos entre la Fiscalía General de la Nación y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El encuentro, que se extendió por varias horas, no permitió definir si se reactiva la medida, por lo que el caso seguirá en estudio.
Fuentes judiciales confirmaron que la decisión no obedece a una determinación de fondo, sino a la falta de consenso entre las partes. En ese contexto, se acordó otorgar un plazo adicional de aproximadamente 15 días para que el Gobierno evalúe el caso y se adopte una postura definitiva frente a la situación jurídica del cabecilla guerrillero.
La Fiscalía mantiene sobre la mesa la posibilidad de reactivar la orden de captura, sustentada en evidencias que apuntarían a un presunto incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Paz Total y por la Corte Constitucional. Entre los elementos evaluados figuran posibles violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en zonas como el departamento del Guaviare.
Como parte del proceso, el ente acusador definió una metodología de verificación que permite analizar de manera periódica el comportamiento de los beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura. Esta revisión contempla las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se habrían presentado hechos delictivos, con participación de distintas entidades del Estado según su competencia.
En paralelo, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó avanzar en cinco líneas de investigación contra alias ‘Calarcá’, a partir de información extraída de dispositivos electrónicos incautados en un operativo realizado en julio de 2024 en Anorí, Antioquia. Entre los frentes investigativos se encuentran posibles infiltraciones en la Fuerza Pública, amenazas a la seguridad nacional, financiación ilegal de campañas políticas, alianzas entre estructuras criminales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estas organizaciones.
Dentro de esas indagaciones también se evalúan presuntas filtraciones de información desde instituciones del Estado hacia las disidencias, así como la eventual colaboración de funcionarios y miembros de la Fuerza Pública. Estos elementos, de confirmarse, podrían incidir directamente en la decisión sobre la continuidad del beneficio judicial otorgado al jefe guerrillero.
El caso se desarrolla en medio de crecientes cuestionamientos sobre la efectividad de la política de paz total, especialmente tras hechos violentos atribuidos a estructuras bajo el mando de alias ‘Calarcá’. La Fiscalía ha reiterado que, de comprobarse la comisión de delitos graves durante el proceso de diálogo, procederá de manera directa a reactivar las órdenes de captura. Mientras tanto, la situación jurídica del cabecilla seguirá en evaluación.
