La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a proceso penal a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, como supuesto líder de una red de corrupción orientada al direccionamiento irregular de la contratación pública en el Valle de Aburrá. Las diligencias se desarrollaron ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, despacho que avanzó en la imputación por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
El expediente judicial centra sus indagaciones en el periodo comprendido entre 2020 y 2022, marco en el cual se habrían detectado anomalías estructurales en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Según los hallazgos presentados por el ente investigador, las irregularidades se concentran en seis contratos suscritos entre el 18 de agosto de 2020 y el 7 de noviembre de 2021, los cuales sumaron un valor total de 17.656 millones de pesos y cuyo objeto principal abarcaba la entrega de kits de bioseguridad y servicios de apoyo a la gestión durante la emergencia sanitaria de la pandemia.
Estructura del presunto esquema y contraprestaciones ilícitas
De acuerdo con la tesis expuesta por la representación de la Fiscalía, Miguel Quintero habría intervenido activamente en las decisiones contractuales e interactuado en los procesos de selección a pesar de no contar con competencia o vínculo legal formal en las entidades públicas indagadas. La funcionaria del ente de control enfatizó que Quintero presuntamente «plantó la idea criminal» en altos directivos y funcionarios de la administración local para direccionar los pliegos a favor de contratistas específicos.
La investigación determinó la presunta existencia de un acuerdo sistemático concebido para exigir y obtener una contraprestación económica ilícita equivalente al 15 % del valor total de los contratos acordados, como condición para su adjudicación al cuerpo de bomberos de Itagüí a través del uso de la estructura del AMVA.
En el marco de esta misma causa judicial, las autoridades formularon imputación de cargos contra otros exfuncionarios y particulares vinculados al entramado:
- Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA, señalado de orientar el esquema y coordinar la planta de personal tras haber asumido el cargo, presuntamente, por recomendación directa de Miguel Quintero.
- Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y anterior asesor de Quintero en su etapa como concejal, también imputado en el proceso.
- Vanessa Álvarez Restrepo (contratista de la subdirección administrativa) y Sebastián de Dios Ortega, vinculados por su supuesta participación en las maniobras de direccionamiento.
Chats de WhatsApp y reserva procesal durante la audiencia
Entre el material probatorio recabado por los investigadores figuran conversaciones de grupos de WhatsApp reveladas hacia finales de 2025. En dichos chats, sostenidos entre Miguel Quintero, Álvaro Villada y Sebastián Ortega, se evidencia que el hermano del exmandatario local habría actuado como un determinador de recursos humanos informal mediante el envío de hojas de vida para exigir vinculaciones laborales. Asimismo, el ente fiscal sostiene que Quintero intervino en la ubicación laboral de dos exsubsecretarias del área ambiental de la región, Ana María Roldán y Diana María Montoya, movimientos que habrían contado con la aquiescencia de la dirección de la entidad.
Durante la jornada del jueves 10 de septiembre, la sesión judicial presentó una novedad procesal cuando el juez de garantías determinó la desconexión de los asistentes que presenciaban la diligencia de manera virtual, con el propósito de resguardar la reserva de la imagen y el nombre del juzgador. Debido a esta medida, los hechos jurídicamente relevantes atinentes al delito de peculado por apropiación se mantienen temporalmente bajo reserva.
Tras ser suspendida la sesión ordinaria, la audiencia judicial quedó reprogramada para reanudarse el próximo lunes 14 de septiembre a las 3:30 de la tarde. Las autoridades recordaron que la imputación formulada corresponde al inicio formal de la investigación penal y no constituye una condena, por lo que la responsabilidad de los procesados se definirá en las etapas subsiguientes de la causa.
