La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal contra Juliana Guerrero y varios directivos de la Fundación Universitaria San José por presuntas irregularidades en la obtención de su título universitario. La investigación se enfoca en los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal, hechos que habrían permitido a Guerrero acceder de manera irregular a su grado profesional.
La decisión fue asumida por la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá, entidad que se encargará de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de los implicados. El proceso surge luego de que una certificación oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) encendiera las alarmas sobre la autenticidad de los documentos académicos presentados por la candidata al Viceministerio de Juventudes, cargo adscrito al Ministerio de la Igualdad.
El documento del Icfes que desató la controversia
Según el documento emitido por el Icfes, no existen registros que demuestren que Juliana Andrea Guerrero Jiménez haya presentado los exámenes de Estado Saber Pro o Saber TyT, pruebas que la ley exige para la obtención de títulos universitarios en Colombia. Esta ausencia de información fue clave para abrir la investigación judicial, ya que dichos exámenes constituyen un requisito indispensable para certificar competencias académicas de nivel superior.
La certificación fue firmada por Luis Rodrigo Cadavid Durán, director de Tecnología e Información del Icfes, quien actuó en cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El tribunal ordenó a la entidad entregar la información luego de una acción interpuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval, quien solicitó verificar la veracidad de los títulos presentados por Guerrero ante el Gobierno Nacional.
Las implicaciones legales y políticas del caso
El caso ha generado un fuerte impacto en el ámbito político, pues Guerrero había sido propuesta para asumir el Viceministerio de Juventudes, un cargo clave dentro de la estructura del Ministerio de la Igualdad. De confirmarse las irregularidades, el proceso podría derivar en sanciones disciplinarias y penales tanto para la implicada como para los directivos de la universidad involucrada.
El delito de fraude procesal, contemplado en el Código Penal colombiano, castiga con prisión a quienes, mediante maniobras engañosas, logren inducir en error a una autoridad judicial o administrativa para obtener un beneficio. Por su parte, la falsedad en documento y la falsedad personal también acarrean penas significativas, especialmente si se demuestra que hubo intención de alterar o simular información con fines de lucro o beneficio profesional.
Expertos en derecho penal consultados explican que la noticia criminal es una etapa inicial en la que la Fiscalía recopila pruebas, testimonios y documentos para determinar si existe mérito para formular cargos. En esta fase, no se presume culpabilidad, pero sí se activa un proceso formal de investigación que podría escalar a imputaciones.
¿Qué podría pasar con la candidatura de Juliana Guerrero?
La apertura de esta investigación deja en entredicho la continuidad de Guerrero como candidata al viceministerio. Fuentes cercanas al Ministerio de la Igualdad señalan que la entidad evalúa la situación jurídica de la funcionaria para decidir si procede su nombramiento o se suspende mientras avanza el proceso penal.
De confirmarse las irregularidades, el caso podría convertirse en un nuevo referente sobre la rigurosidad que deben tener las instituciones educativas y los entes estatales al verificar títulos académicos de aspirantes a cargos públicos. Además, reabre el debate sobre la transparencia en los nombramientos dentro de la administración pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de control en los procesos de verificación de antecedentes académicos.
La representante Jennifer Pedraza Sandoval, quien promovió la acción ante el Tribunal de Cundinamarca, declaró que su objetivo es garantizar que “las instituciones públicas sean ocupadas por personas que cumplan con todos los requisitos legales y éticos”. Su intervención fue determinante para que el Icfes confirmara oficialmente la ausencia de registros en los exámenes de Estado de Guerrero.
El desarrollo del caso será determinante no solo para la carrera política de Guerrero, sino también para la credibilidad de las instituciones académicas implicadas y del propio Ministerio de la Igualdad. La sociedad colombiana sigue atenta a las decisiones que adopte la Fiscalía y al rumbo que tomen las investigaciones en los próximos meses.
