La mística y el respeto que rodea a los «topos» —aquellos rescatistas altamente capacitados para reptar y excavar entre las rendijas más angostas de las estructuras colapsadas— ha encontrado una aberrante distorsión en medio de la tragedia sísmica que sacude al departamento de Risaralda. A una semana del devastador terremoto de magnitud 7,4, la Policía Nacional en Pereira ha puesto al descubierto una elaborada modalidad delictiva: bandas organizadas cuyos integrantes se hacen pasar por brigadistas «topos» para abrir socavones ilegales y saquear inmuebles sepultados bajo el concreto.
Aprovechando el caos inherente a las primeras fases de la emergencia y el continuo flujo de rescatistas internacionales y voluntarios, estos delincuentes han logrado mimetizarse en el paisaje del desastre. Ataviados con cascos protectores, linternas mineras, arneses y sobretodos reflectivos con la tipografía e insignias de los equipos de penetración subterránea, los sospechosos logran cruzar los primeros anillos de seguridad en los sectores más golpeados de la capital risaraldense.
Socavones clandestinos al acecho de valores sepultados
El Modus Operandi fue al descubierto tras una inspección técnica efectuada por patrullas del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y unidades de inteligencia en la comuna Centro. En las inmediaciones de lo que solía ser un complejo comercial y financiero, las autoridades hallaron perforaciones recientes de forma cilíndrica y pasadizos estrechos que descendían de manera deliberada hacia los subsuelos de las edificaciones destruidas.
Lejos de ser rutas de ventilación o túneles de salvamento para la extracción de sobrevivientes, estos canales apuntaban directamente hacia las áreas donde se ubicaban las bóvedas, tesorerías y cajas fuertes de entidades bancarias, joyerías, casas de empeño y comercios de tecnología. El hallazgo de cajas metálicas de seguridad forzadas y herramientas pesadas de corte industrial a la entrada de una de estas cavidades confirmó que no se trataba de actos de pillaje espontáneo, sino de una operación de minería urbana criminal perfectamente planificada.
«Estas personas utilizan la argucia de presentarse como unidades de ‘topos’ independientes o especialistas en búsqueda técnica para evitar la fiscalización inmediata de las autoridades. Se valen del pretexto de estar atendiendo supuestos ‘llamados de auxilio’ o ‘golpes de sobrevivientes’ dentro de la estructura para justificar el uso de picos, palas y trozadoras de disco», explicaron voceros de la Policía Metropolitana de Pereira durante el reporte oficial de la jornada.
Estrategia de distracción y simulación de rescates
El uso de la fachada de «topos» no solo les otorga acceso a las herramientas pesadas de excavación sin generar suspicacias entre la población, sino que actúa como un efectivo mecanismo de distracción. De acuerdo con los testimonios recogidos en sectores como Victoria, Olaya y Corocito, en varias oportunidades los falsos rescatistas gritaron protocolos de ‘silencio sísmico’ o simularon escuchar voces bajo las losas para apartar a los vecinos y a los miembros de la fuerza pública, ganando minutos valiosos para completar las perforaciones hacia los objetivos de valor.
La proliferación de esta modalidad ha obligado a las autoridades a replantear el esquema de vigilancia en las zonas colapsadas. Durante las horas de la noche y la madrugada —lapso en el que se registra la mayor frecuencia de excavaciones irregulares— la fuerza pública ha desplegado patrullajes a pie y con drones dotados de cámaras térmicas para ubicar firmas de calor en el interior de los socavones que no correspondan a los frentes oficiales de trabajo del Puesto de Mando Unificado (PMU).
Una crisis humanitaria atravesada por la inseguridad
Esta arremetida delictiva golpea a Pereira en su momento más desgarrador. Las cifras consolidadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dan cuenta de la magnitud de la tragedia: 108 personas fallecidas, 584 heridos de variada gravedad y un registro de 251 ciudadanos que continúan oficialmente en calidad de desaparecidos, mientras que los equipos de socorro legítimos han logrado rescatar con vida a 268 sobrevivientes de entre los escombros.
El impacto sobre la infraestructura física es abrumador. En la ciudad se contabilizan 109 edificios completamente destruidos, más de 11.000 viviendas reducidas a escombros y cerca de 47.000 inmuebles con afectaciones estructurales graves. Más de 54.000 familias se encuentran registradas como damnificadas, muchas de las cuales abarrotan los albergues temporales instalados en escenarios como el parque Olaya Herrera, donde intentan capear las constantes lluvias bajo plásticos y carpas de campaña.
Protocolos estrictos y acreditación biométrica
Para frenar la acción de los falsos «topos» y proteger la integridad física de las posibles víctimas que aún yacen bajo las ruinas, la Alcaldía de Pereira y la Policía Nacional determinaron que ningún grupo de rescate, voluntario o especialista en penetración subterránea podrá operar en la ciudad sin haber completado previamente la verificación biométrica y la entrega de credenciales oficiales en la sede central del PMU.
Las autoridades hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía para que denuncie de inmediato la presencia de supuestas cuadrillas de rescate que operen de manera aislada y sin el debido acompañamiento de vehículos oficiales, recordando que los auténticos topos de rescate trabajan de forma coordinada con el sistema nacional de gestión del riesgo y nunca de manera clandestina.
