La relación entre los gobiernos de Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años, tras una serie de decisiones unilaterales que han derivado en una escalada comercial y energética entre ambos países.

El punto de quiebre se produjo luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara desde Davos la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. La medida entrará en vigor en febrero.

Como respuesta, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia informó que aplicará aranceles recíprocos del 30 % a al menos 20 productos ecuatorianos, con la posibilidad de ampliar la lista. Según la cartera, se trata de una acción “proporcional, transitoria y revisable”, orientada a restablecer el equilibrio del comercio bilateral.

La tensión se trasladó rápidamente al sector energético. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidió una resolución que suspende las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador, citando razones técnicas, variabilidad climática y la necesidad de proteger la soberanía y el abastecimiento energético nacional. La medida se da en un contexto de posible Fenómeno de El Niño y mayor presión sobre el sistema eléctrico colombiano.

Ecuador, que depende en buena parte de la energía importada y ha enfrentado prolongados apagones en los últimos años, respondió anunciando nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), bajo el principio de reciprocidad. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que la decisión busca proteger la seguridad energética y la balanza comercial del país.

Ambos países comparten una frontera de más de 600 kilómetros y mantienen una relación comercial estratégica. En 2024, Colombia exportó a Ecuador bienes por cerca de USD 1.900 millones, con fuerte peso de la energía eléctrica, medicamentos y productos industriales. Ecuador, por su parte, es un socio clave para el tránsito de crudo y el intercambio regional.

Desde la Cancillería colombiana se rechazaron los aranceles ecuatorianos por considerarlos contrarios a la normativa de la Comunidad Andina y se defendió la cooperación bilateral en seguridad, destacando operativos conjuntos, incautaciones de drogas y mecanismos binacionales vigentes.

Mientras tanto, los gobiernos mantienen sus posiciones, y la crisis abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro inmediato de la integración comercial y energética entre dos países históricamente interdependientes.

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