La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso sanciones económicas por más de $3.068 millones a diez empresas que participaron en el Black Friday 2024, tras comprobar que incumplieron las normas relacionadas con información al consumidor, garantías y condiciones de sus ofertas, especialmente en canales digitales. Entre las compañías multadas se encuentran Homecenter, Dafiti, Bosi, Olímpica, Makro y Pepe Ganga, todas señaladas por no entregar a los compradores la información mínima requerida para realizar una compra segura y ajustada a la ley.
La decisión se conoce justo cuando está por iniciar una nueva jornada de Black Friday, lo que implica que las empresas deberán reforzar sus mecanismos de transparencia y divulgación. En esta edición, los comercios están obligados a garantizar información clara sobre promociones, requisitos, tiempos de entrega y condiciones para ejercer derechos como retracto o reversión de pago, con el fin de evitar sanciones similares.
Las empresas sancionadas y las fallas detectadas por la SIC
Además de las grandes superficies y plataformas de comercio electrónico, la SIC sancionó a Lagobo Distribuciones S.A.S., Sigla L.G.B. S.A.S., Airlaf Internacional S.A.S., Nueve Nueve Dos S.A.S. e Inversiones Blo S.A.S., la cual opera la tienda Xuss. Para la entidad, las compañías incumplieron la normatividad al omitir datos esenciales relacionados con los productos y las condiciones de venta durante las promociones del Black Friday 2024.
La autoridad ordenó que todas deberán suministrar información precisa sobre cada artículo promocionado, especificando cantidad, calidad, disponibilidad y condiciones comerciales, además de los procedimientos claros para ejercer el derecho de retracto y la reversión de pago. Estas obligaciones, recalcó la SIC, forman parte de los mínimos exigidos para garantizar la protección de los consumidores en entornos digitales y presenciales.
Otro de los incumplimientos detectados fue la falta de información accesible y comprensible sobre características esenciales de los productos. Según la investigación, las empresas no ofrecieron datos “fidedignos, suficientes, claros y actualizados” sobre aspectos como origen, componentes, medidas, modo de empleo, restricciones o cuidados necesarios. Esta omisión impidió a los consumidores formarse una representación adecuada de los bienes adquiridos, lo que constituye una infracción directa al régimen de protección al consumidor.
Requisitos indebidos y obstáculos para ejercer derechos del consumidor
La SIC también señaló que varias de las empresas sancionadas incluyeron condiciones restrictivas para tramitar el derecho de retracto, al exigir a los usuarios la presentación de la factura física o un documento equivalente como requisito excluyente para radicar solicitudes. De acuerdo con la normativa vigente, los consumidores pueden ejercer sus derechos sin que se les impongan barreras adicionales que dificulten o limiten los trámites.
La autoridad recordó que este tipo de disposiciones afectan la libre decisión de compra, ya que condicionan el ejercicio de derechos que la ley considera irrenunciables. En consecuencia, la imposición de requisitos no previstos en la normatividad representó una de las causas principales de las sanciones administrativas.
Falta de mecanismos para gestionar quejas y reclamos
Un aspecto adicional que llevó a la imposición de multas fue la ausencia de mecanismos adecuados para la radicación de peticiones, quejas y reclamos (PQR). Algunas de las empresas no disponían de canales activos, accesibles o verificables, lo que impedía a los consumidores gestionar inconvenientes relacionados con compras digitales realizadas durante el Black Friday 2024.
La SIC enfatizó que, en fechas de alto flujo comercial, los canales de atención deben permanecer operativos y ofrecer respuestas oportunas. No contar con estos mecanismos viola los principios de atención al usuario y dificulta la solución de conflictos derivados de las transacciones.
Con una nueva jornada de descuentos a punto de iniciar, la autoridad reiteró que todas las empresas participantes deberán fortalecer sus procedimientos internos y cumplir con las normas vigentes. Las compañías sancionadas, así como el resto del mercado, están obligadas a garantizar transparencia, información completa y canales de atención funcionales. El incumplimiento podrá derivar en nuevas investigaciones y sanciones económicas aún mayores.
El comportamiento de las empresas durante la edición 2025 del evento será clave para determinar si las medidas adoptadas por la SIC generan cambios estructurales en la protección al consumidor en el comercio digital en Colombia.
