La Corte Constitucional decidió aplazar hasta enero de 2026 la revisión del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. El alto tribunal determinó que el control automático del decreto se realizará una vez finalice la vacancia judicial.
La decisión se tomó tras una reunión virtual extraordinaria de los magistrados, convocada para evaluar si existía la facultad jurídica de adelantar el estudio durante el periodo de vacaciones judiciales. Finalmente, la Sala Plena resolvió no citar sesiones extraordinarias y mantener el trámite ordinario.
El decreto y las facultades del Ejecutivo
El Decreto 1390, firmado el 22 de diciembre por el presidente Gustavo Petro y su gabinete, declara la emergencia económica por 30 días calendario. Esta figura le permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley y adoptar medidas fiscales sin pasar por el Congreso.
Entre las acciones previstas se encuentra la posibilidad de imponer nuevos tributos, como el 5×1.000, con el objetivo de recaudar cerca de 16 billones de pesos. Según el Gobierno, los recursos buscan atender necesidades urgentes, entre ellas el ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, los efectos de la ola invernal y la crisis de orden público.
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El debate por la vacancia judicial
El decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que abrió un debate sobre si la Corte podía ejercer un control preventivo durante este periodo. Algunos magistrados consideraron viable reunirse, mientras que otros sectores jurídicos advirtieron que la ley no contempla sesiones extraordinarias en vacaciones.
Constitucionalistas como Francisco Bernate y Ramiro Bejarano señalaron que adelantar la revisión en este momento sería jurídicamente complejo. En la misma línea, expertos advirtieron que la Corte solo puede actuar una vez reanudadas formalmente sus funciones.
Lo que sigue
Una vez termine la vacancia judicial, la Corte Constitucional deberá realizar la revisión automática del decreto, evaluando si cumple con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y conexidad que exige la Constitución.
El estudio de fondo podría tardar varios meses y será clave para definir la validez jurídica de la emergencia económica decretada por el Gobierno, en un contexto marcado por tensiones políticas y fiscales.
