En una medida de alto impacto para la seguridad nacional y las relaciones internacionales, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó reactivar los trámites de extradición hacia los Estados Unidos de cinco reconocidos cabecillas de distintas organizaciones al margen de la ley. Los implicados habían sido reconocidos previamente como voceros e interlocutores en las mesas de diálogo impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro, coyuntura en la cual sus procesos de entrega a la justicia estadounidense permanecían en estado de suspensión.
La decisión del actual Ejecutivo revoca las garantías operativas y jurídicas otorgadas a estos líderes criminales en el marco de la política de Paz Total. Con este giro en la estrategia de seguridad y justicia, la administración nacional busca enviar una señal clara de firmeza frente al crimen organizado transnacional y reanudar la cooperación judicial bilateral con las autoridades de Washington en la lucha contra el narcotráfico.
El cambio de postura frente a los diálogos de la administración anterior
Los trámites de extradición de los cinco procesados contaban con el aval formal de las Altas Cortes y habían sido ratificados por el Ejecutivo nacional durante el año 2025. Sin embargo, la ejecución de las órdenes de entrega había quedado congelada de manera temporal para facilitar la participación de los acusados en los acercamientos y negociaciones de paz.
Al asumir el mandato, el presidente De la Espriella dejó sin efecto dicha suspensión, disponiendo la reanudación inmediata de los trámites de extradición. La medida responde a las solicitudes de requerimiento dictadas por cortes de los Estados Unidos, donde los implicados afrontan cargos por narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y narcoterrorismo.
De los cinco señalados, tres se encuentran actualmente privados de la libertad en pabellones de alta seguridad en territorio colombiano, mientras que los dos restantes permanecen prófugos de la justicia. Respecto a estos últimos, la fuerza pública y los organismos de inteligencia del Estado han puesto en marcha operativos especiales orientados a su localización, captura e inmediata extradición.
Perfil de los cabecillas requeridos que están bajo custodia
Entre los requeridos que permanecen bajo custodia de las autoridades colombianas se encuentra Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura con un amplio historial de operaciones delictivas en el Catatumbo y Norte de Santander. Henao se había entregado a las autoridades en febrero de 2025 en medio de confrontaciones armadas contra el ELN, siendo posteriormente designado representante en las conversaciones de paz. Hoy es solicitado en EE. UU. por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
En la lista figura también Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado como uno de los máximos comandantes de los Comandos de Frontera, grupo armado con fuerte presencia en el departamento de Putumayo y zonas limítrofes con Ecuador. La detención de Rojas, efectuada en Bogotá en febrero de 2025 mediante circular roja de Interpol mientras participaba en gestiones de diálogo, generó en su momento tensiones entre la Fiscalía General de la Nación y el Ejecutivo anterior. La justicia norteamericana lo acusa de coordinar la logística de cultivos ilícitos y el envío de cargamentos de cocaína hacia el exterior.
El tercer detenido es Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, identificado como jefe principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca. Castillo Carrillo fue capturado por la Policía Nacional en Pereira en junio de 2024. Su orden de extradición fue emitida en 2025 por requerimientos judiciales asociados al tráfico de drogas, concierto para delinquir y uso de armas de fuego en zonas de Magdalena, La Guajira y Cesar.
Las órdenes de localización y captura para los procesados prófugos
El grupo de requeridos por la justicia internacional se completa con dos mandos armados que no han sido aprehendidos y sobre quienes pesan órdenes prioritarias de captura. El primero de ellos es Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, comandante de la estructura Comuneros del Sur, facción que se escindió del ELN y opera en el departamento de Nariño. Yepes se convirtió en una de las figuras visibles de las conversaciones regionales durante el mandato anterior, condición que suspendió temporalmente su extradición por narcotráfico y concierto para delinquir.
Por último, el decreto presidencial abarca a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, hermano de alias ‘Muñeca’ y líder clave de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Con antecedentes en antiguas estructuras paramilitares del norte del país, Castillo Carrillo está solicitado por tribunales de EE. UU. por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte de armas. La orden del presidente De la Espriella dispone que las unidades de inteligencia aceleren las labores de búsqueda para su pronta detención y posterior entrega a las autoridades norteamericanas
