La candidatura de Mariana Gil Valencia, inscrita por el Partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Risaralda para el periodo constitucional 2026–2030, quedó bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras una solicitud formal de revocatoria de inscripción que ya fue admitida para trámite.
El caso gira alrededor de un contrato estatal celebrado con el Municipio de Pereira, identificado como Contrato No. 3616-2025, registrado en SECOP II bajo el número CO1.PCCNTR.7996229. El objeto del contrato fue la prestación de servicios profesionales especializados en la Secretaría de Desarrollo Económico.
Según los documentos oficiales, el contrato inició su ejecución el 20 de junio de 2025 y tenía como fecha de terminación inicial el 19 de octubre de 2025. Sin embargo, durante su vigencia se produjo una modificación contractual los días 15 y 16 de octubre de 2025, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución por doce días, modificación que fue debidamente aprobada y publicada en la plataforma SECOP II
¿Ante la denuncia qué dispone el Consejo Nacional Electoral?
La discusión se centra en determinar si la modificación contractual, ocurrida dentro del período inhabilitante, constituye o no un hecho jurídicamente equiparable a la celebración de un contrato estatal, circunstancia que, de configurarse, podría derivar en una causal de inhabilidad para aspirar al Congreso de la República.
Sobre este punto, el Consejo Nacional Electoral ya tomó una primera decisión procesal: avocó conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción, iniciando formalmente la actuación administrativa bajo el radicado CNE-E-DG-2025-030569, con miras a definir si la candidatura cumple o no con los requisitos constitucionales y legales.
¿Cuándo se pronuncia el CNE, se hunde el Partido Verde en el departamento o pueden inscribir otra candidata?
