El manejo de los recursos públicos en el sector diplomático vuelve a estar en el centro del debate nacional tras una revelación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Un consulado de Colombia en la ciudad mexicana de Tijuana, creado hace dos años por disposición del entonces canciller Luis Gilberto Murillo, se consolidó como una estructura de papel. A pesar de no prestar ningún servicio consular ni contar con una infraestructura física operativa, la dependencia mantuvo activa una asignación consular en provisionalidad hasta finales del mes de octubre.
El proyecto nació formalmente el 22 de noviembre de 2024 mediante el Decreto 1405, con el cual la administración de Gustavo Petro otorgó vida jurídica a oficinas consulares en Tijuana, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez. Tijuana representaba un punto estratégico debido a su intensa actividad migratoria en la frontera norte con Estados Unidos y la presencia de aproximadamente 1.500 ciudadanos colombianos en la región de Baja California. Sin embargo, la realidad administrativa distó profundamente de la justificación geopolítica inicial.
Una cónsul sin sede y millonarios pagos en dólares
Al frente de esta oficina inoperante fue designada Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, una abogada bogotana cuyo nombramiento previo en Canadá ya había enfrentado anulaciones judiciales por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado. Tras su fallido paso por Calgary, Pabón fue trasladada a territorio mexicano a comienzos de 2026.
Durante los nueve meses que ejerció formalmente como cónsul sin consulado, el Estado colombiano le desembolsó más de 153.000 dólares en honorarios, equivalentes a cerca de 483 millones de pesos, sumando además viáticos iniciales y gastos de transporte de menaje doméstico. La asignación mensual ascendía a los 14.700 dólares, cifras que generaron profunda preocupación interna dentro del personal diplomático en México al constatar que la funcionaria devengaba un salario de alto rango sin administrar una sede abierta al público.
Paralelamente, la Embajada de Colombia en México recibió facturas y requerimientos formales de pago por el arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en la exclusiva Zona Dorada de Tijuana. El contrato de alquiler se había consolidado sin contar con una asignación presupuestal previa ni la validación financiera de la Cancillería. A esto se sumaron compromisos económicos pendientes con arquitectos encargados de adaptaciones físicas y diseñadores gráficos contratados para la imagen institucional de la oficina.
Sobrecarga diplomática y respuesta institucional
La inoperancia de la sede en Tijuana provocó graves traumatismos operativos en la región. El Consulado de Colombia en la Ciudad de México debió asumir una sobrecarga masiva de trámites, redirigiendo y respondiendo de manera centralizada a las solicitudes de los connacionales en Baja California. Los funcionarios en la capital mexicana se vieron obligados a coordinar consulados móviles esporádicos, desplazándose a lo largo de 2,700 kilómetros de distancia para atender de forma precaria a la comunidad.
Ante los requerimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que consultó formalmente sobre el estado de la oficina tras otorgar el beneplácito de apertura, la respuesta institucional evidenció un vacío de control. El exministro Luis Gilberto Murillo indicó que toda apertura contaba con estudios previos, aunque la Cancillería reconoció posteriormente no hallar registros documentales de dichos análisis. Por su parte, la exministra Rosa Villavicencio defendió la figura de designar funcionarios antes de abrir las sedes físicas, argumentando que correspondía a un procedimiento habitual para gestionar la instalación.
Acciones legales y cierre definitivo del proyecto
El panorama administrativo llegó a un punto crítico tras la llegada del nuevo equipo directivo liderado por el canciller Omar Bula. Ante la acumulación de irregularidades, facturas de alquiler impagas y cuestionamientos sobre la productividad del cargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió formalmente todas las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que inicien las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes.
Con la renuncia presentada por Maryory Pabón y su salida definitiva del cargo, el Gobierno Nacional determinó cancelar de forma definitiva el proyecto del consulado en Tijuana, cerrando el flujo de recursos hacia una estructura que consumió fondos públicos sin ofrecer contraprestación operativa. Las autoridades judiciales deberán esclarecer ahora las responsabilidades fiscales y disciplinarias derivadas de un contrato de arrendamiento y de una nómina consular que operaron al margen de la eficiencia estatal.
