Las madres comunitarias de la capital risaraldense se han declarado en estado de alerta máxima y formalizaron una solicitud respetuosa, pero con carácter urgente, para la instalación de una mesa de diálogo institucional. La medida busca revisar las decisiones administrativas adoptadas por la Dirección Encargada de la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las cuales, según afirman, están generando graves afectaciones a su estabilidad laboral y poniendo en riesgo directo la continuidad y calidad de la atención integral de los niños y las niñas en Pereira.
Polémica por contratación de operador ajeno a la región
La principal preocupación del gremio radica en la decisión de la Dirección Encargada de contratar a un operador procedente del departamento del Cesar. Con esta determinación, según denunciaron, se desconocen abiertamente la trayectoria, experiencia, capacidad operativa y condiciones de idoneidad de las fundaciones, cooperativas, asociaciones de padres usuarios y asociaciones de madres comunitarias de Risaralda, entidades que históricamente han operado los programas de primera infancia en el departamento.
Ante esta situación, las afectadas exigen la revisión y estricta aplicación del Manual de Contratación vigente del ICBF, específicamente en lo relativo a la causal de invitación cerrada. Dicha norma establece textualmente:
“Cuando se trate de asociaciones y cooperativas de padres y madres comunitarias, asociaciones y cooperativas de padres y madres usuarios del servicio, y asociaciones y cooperativas de madres comunitarias transitadas, independientemente de que se encuentren o no habilitadas en el Registro Único de Oferentes, previa verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación (i) jurídicas, (ii) técnicas, (iii) administrativas y financieras, (iv) de experiencia o (v) de infraestructura exigidas por el ICBF para ser consideradas idóneas, procedimiento que deberá quedar debidamente documentado”.
Las madres comunitarias solicitan que se revise la aplicación de esta disposición para garantizar que las organizaciones locales puedan competir en igualdad de condiciones, siempre que acrediten los requisitos de la entidad.
Preparación profesional y alianzas locales
El gremio destacó que las madres comunitarias de Risaralda han demostrado con hechos su compromiso, preparación y capacidad. Un porcentaje significativo de ellas cuenta con formación técnica, profesional y de posgrado, incluyendo especializaciones.
Asimismo, resaltaron que sus asociaciones han trabajado de forma mancomunada y han construido alianzas estratégicas con el sector privado empresarial. Estas alianzas han permitido suplir el déficit de los recursos asignados mediante las canastas de atención, los cuales no siempre cubren las necesidades reales de la operación, logrando así fortalecer la capacidad operativa de las organizaciones y aportar a la estabilidad económica y laboral del sector.
Secuelas del terremoto y falta de acompañamiento institucional
La solicitud adquiere una dimensión aún más crítica al considerar las secuelas dejadas por el reciente terremoto, evento telúrico que generó profundas afectaciones emocionales y estructurales tanto en las trabajadoras como en los lugares donde se presta la atención.
Las organizaciones indicaron que, gracias a la fortaleza y resiliencia comunitaria, sumadas al acompañamiento de la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Risaralda y la Sociedad de Mejoras de Pereira, se ha logrado avanzar en la recuperación. No obstante, manifestaron su profunda preocupación por la falta de acompañamiento manifestada desde la Dirección Regional del ICBF y denunciaron presiones ejercidas para dar inicio a las actividades de atención sin considerar las difíciles condiciones que atraviesan las sedes y el personal afectado.
Denuncias de irregularidades, presiones y amenazas
Dentro de la petición entregada, las trabajadoras solicitaron formalmente investigar y esclarecer tres situaciones puntuales de extrema gravedad:
- Irregularidades en la selección: Las denuncias sobre presuntas anomalías en la elección del operador, particularmente frente a la posible escogencia discrecional de una organización y los eventuales conflictos de intereses.
- Amenazas a liderazgo sindical: Las presuntas amenazas dirigidas a afectar el buen nombre, reputación y proceso de la líder sindical y asesora de las asociaciones de madres comunitarias, quien ha encabezado esta labor durante años con base en su experiencia, conocimiento y compromiso con el sector.
- Presiones institucionales: Las presuntas manifestaciones atribuidas a la Dirección Encargada de la Regional, en las que afirmaría contar con el respaldo de la Dirección Nacional y la facultad de adelantar acciones disciplinarias o administrativas en contra de los funcionarios y operadores que no acaten sus instrucciones.
Frente a estos hechos, las afectadas exigen transparencia, imparcialidad, debido proceso y el respeto absoluto a los derechos laborales y sindicales.
Solicitudes formales a las autoridades
Para destrabar esta crisis y priorizar el interés superior de la infancia, las madres comunitarias demandan los siguientes puntos concretos:
- Convocar de manera urgente una mesa de diálogo entre la Dirección Nacional del ICBF, la Dirección Regional y los representantes de las madres comunitarias y sus organizaciones.
- Adelantar una revisión jurídica y técnica minuciosa del proceso de contratación del operador seleccionado para Pereira.
- Verificar la correcta aplicación del Manual de Contratación del ICBF en lo respectivo a las invitaciones cerradas para organizaciones comunitarias.
- Garantizar la participación efectiva de las fundaciones, cooperativas y asociaciones de Risaralda que cumplan los requisitos de idoneidad.
- Adoptar medidas inmediatas de protección y garantías para las madres comunitarias y para la líder sindical y asesora frente a las presuntas amenazas, intimidaciones y posibles retaliaciones.
- Abrir las investigaciones y verificaciones correspondientes sobre la totalidad de los hechos y denuncias expuestos.
Las organizaciones enfatizaron que su objetivo no es generar una confrontación institucional, sino lograr que las decisiones se ajusten a la legalidad, equidad y transparencia. Reiteraron que no se puede desconocer el esfuerzo histórico, la preparación y el trabajo colectivo de las trabajadoras de Risaralda —especialmente tras superar la emergencia del terremoto— y aclararon que quedan a la espera de una respuesta pronta, concreta y de fondo que garantice el bienestar de los niños y niñas beneficiarios del programa.
