El Consejo Nacional Electoral (CNE), que tenía previsto tomar una decisión crucial el pasado 16 de septiembre, no alcanzó un consenso sobre el caso que investiga la campaña presidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2022. El proceso, que analiza la posible violación de topes electorales, ha sido aplazado hasta el próximo 30 de septiembre, debido a una serie de solicitudes presentadas por los magistrados. Este aplazamiento se da en un momento en que la expectativa sobre el desenlace de la investigación sigue en aumento.
Desde el inicio de esta investigación, el CNE ha estado evaluando las cuentas de la campaña de Petro, en particular los gastos que no habrían sido reportados en su totalidad. La cifra en cuestión, alrededor de $5.355 millones, involucra donaciones de organizaciones y gastos de propaganda, transporte aéreo y otros rubros de la campaña.
El papel de la magistrada Alba Lucía Velásquez
Uno de los factores que llevaron a la postergación de la decisión fue la solicitud de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien pertenece al ala del Pacto Histórico, el partido que respalda a Petro. Velásquez pidió la rotación del expediente, lo cual generó que el proceso se alargue al menos dos semanas más. De esta manera, la discusión sobre la posible formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro se retomará el 30 de septiembre.
Este aplazamiento se da en medio de un fuerte debate entre los magistrados del CNE, que están divididos en su postura sobre cómo proceder con la investigación. Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, magistrados cercanos al Centro Democrático y al partido Liberal, respectivamente, han sido los más enfáticos en que se deben formular cargos contra Petro por las inconsistencias detectadas en la contabilidad de su campaña. Estos magistrados sostienen que la campaña presidencial de 2022 violó los topes establecidos al no reportar adecuadamente gastos y donaciones.
Las acusaciones y la defensa de la campaña de Petro
El centro de la controversia radica en las acusaciones de que la campaña de Gustavo Petro habría omitido reportar un monto cercano a los $5.355 millones. Según los magistrados Prada y Ortiz, ese dinero correspondería a aportes de diferentes organizaciones y a gastos relacionados con la propaganda y vuelos utilizados durante la campaña. El encargado de la contabilidad fue Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro, quien ha sostenido que todos los gastos se realizaron de acuerdo con la normativa electoral vigente.
Este caso no solo implica la credibilidad del presidente y su equipo, sino también pone en tela de juicio la transparencia de los procesos electorales en Colombia. La magnitud del monto no reportado es significativa, y de comprobarse las irregularidades, podría tener consecuencias graves para la administración actual.
Por su parte, los defensores de Petro han argumentado que las acusaciones están politizadas y que los magistrados que impulsan la formulación de cargos tienen motivaciones políticas, ya que pertenecen a partidos de oposición. A pesar de ello, el CNE se ha comprometido a actuar con imparcialidad, pero las tensiones dentro del organismo son palpables.
¿Qué sigue para la campaña de Petro?
El aplazamiento del 16 de septiembre genera más incertidumbre en torno a lo que pueda suceder el 30 de septiembre. Para ese día, se espera que el CNE retome el debate sobre si se deben formular cargos formales contra Petro por la supuesta violación de topes en su campaña. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz seguirán presentando sus argumentos sobre las inconsistencias detectadas, mientras que el ala del Pacto Histórico defenderá la legalidad de la contabilidad presentada por el equipo de Petro.
A nivel político, este proceso tiene implicaciones que van más allá de lo electoral. Si se decide formular cargos contra el presidente, esto podría afectar su legitimidad y generar una fuerte reacción de sus seguidores y detractores. Mientras tanto, la opinión pública sigue de cerca el desarrollo de esta investigación, que se ha convertido en uno de los temas más discutidos en el ámbito político colombiano.
El desenlace de esta situación es crucial no solo para el presidente Gustavo Petro, sino también para el futuro del CNE y su capacidad de actuar como un órgano autónomo e imparcial en los procesos electorales. La expectativa sobre lo que pueda ocurrir en la próxima sesión es alta, y el país entero espera con atención el curso de los acontecimientos.
