El Ejército Nacional ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el secuestro de 29 miembros de la fuerza pública en el departamento del Cauca. Estos hechos, que han generado una fuerte reacción del Gobierno y la comunidad internacional, habrían constituido graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.).
La denuncia surge tras las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien en el consejo de ministros del pasado lunes 10 de marzo, calificó el hecho como un crimen de guerra. Según el alto funcionario, los responsables de estos actos utilizaron métodos prohibidos por los tratados internacionales, poniendo en riesgo la vida de los secuestrados y vulnerando normas fundamentales del conflicto armado.
Los delitos denunciados por el Ejército Nacional
De acuerdo con información obtenida por este medio, los hechos en el Cauca han sido catalogados como una violación sistemática al DIH, razón por la cual se incluyeron ocho delitos en la denuncia ante la Fiscalía. Entre ellos destacan:
- Utilización de medios y métodos ilícitos de guerra (Artículo 142 del Código Penal).
- Actos terroristas (Artículo 144).
- Constreñimiento y apoyo bélico a grupos armados ilegales (Artículo 150).
- Asonada (Artículo 469).
- Secuestro e intento de homicidio.
La gravedad de estos delitos ha llevado a que el caso sea priorizado por la Fiscalía, que ya ha asignado un grupo especial de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales de los implicados.
Reacciones del Gobierno y la comunidad internacional
El presidente de la República expresó su rechazo absoluto ante lo sucedido y ordenó reforzar las operaciones militares en el Cauca para garantizar la seguridad en la región. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos humanos han instado a una rápida respuesta de la justicia para evitar que estos crímenes queden impunes.
En el ámbito internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han manifestado su preocupación y han solicitado al Gobierno colombiano tomar medidas contundentes para garantizar el respeto por el DIH y la protección de los uniformados en servicio.
