La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender la certificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas marca un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales. El Departamento de Estado anunció que no certificará al país bajo la Ley de Asignaciones Extranjeras, argumentando que las políticas del presidente Gustavo Petro han resultado ineficaces para contener la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. La medida implica la suspensión de varios programas de cooperación y asistencia financiera que, por décadas, han sido pilares de la estrategia conjunta antidrogas.
Aunque la decisión era previsible, representa un golpe simbólico y político significativo. Desde Washington se advierte que la administración Biden ha expresado preocupación por el aumento de los cultivos de coca y la reducción de las interdicciones. Para Colombia, este gesto diplomático se traduce en un deterioro de la confianza estratégica que históricamente ha sustentado la relación bilateral en materia de seguridad.
Las razones detrás de la suspensión
Según el comunicado del Departamento de Estado, la suspensión se justifica por el “retroceso en los indicadores de erradicación y control de drogas” y por la falta de resultados tangibles en la reducción de los cultivos ilícitos. Informes recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirman que en 2024 Colombia alcanzó un récord histórico de más de 250.000 hectáreas cultivadas de coca, una cifra que contradice las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Estados Unidos sostiene que el modelo de sustitución voluntaria impulsado por el gobierno Petro no ha logrado reemplazar la efectividad de la erradicación forzada, política que se había mantenido como base del esfuerzo binacional. Además, los programas de desarrollo alternativo han avanzado lentamente debido a la falta de financiación y a los conflictos con las comunidades rurales. Voceros del Congreso estadounidense, especialmente republicanos, han señalado que “la falta de compromiso del gobierno colombiano” amenaza los avances logrados en dos décadas de cooperación.
Reacciones del gobierno colombiano
Desde Bogotá, la Cancillería lamentó la decisión y defendió la estrategia de “Paz Total” y “nueva política de drogas” como un enfoque más humano y sostenible. El gobierno colombiano reiteró que la lucha contra el narcotráfico no puede seguir basándose en la represión, sino en la reducción de la demanda y el fortalecimiento del Estado en los territorios más afectados.
El presidente Gustavo Petro calificó la medida como una “presión injustificada” y acusó a Washington de mantener una visión “fracasada y punitiva”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, aseguró que Colombia no volverá al modelo de guerra contra las drogas y que su administración buscará alianzas con Europa y organismos multilaterales para fortalecer su política. Sin embargo, sectores de oposición en el país consideran que la decisión estadounidense refleja una pérdida de credibilidad internacional y un debilitamiento de la cooperación en materia de seguridad.
Impacto en la relación bilateral y en la política interna
La suspensión de la certificación podría tener repercusiones económicas importantes. Colombia dejará de recibir fondos de asistencia técnica y militar destinados a fortalecer la Policía Antinarcóticos, programas de inteligencia y desarrollo rural. En años anteriores, la ayuda superó los 400 millones de dólares anuales.
Analistas internacionales advierten que este distanciamiento podría influir en otros temas sensibles, como el comercio y la cooperación ambiental. La Casa Blanca, aunque mantiene el compromiso con la alianza estratégica, ha dejado claro que revisará todos los programas bilaterales bajo un nuevo marco de “rendición de cuentas y resultados verificables”.
En el plano interno, la noticia llega en un momento de desgaste político para el gobierno Petro. Las críticas de la oposición apuntan a que la pérdida del respaldo de Washington debilita la posición internacional del país y pone en riesgo proyectos conjuntos de desarrollo. Organizaciones campesinas, por su parte, defienden la política del Ejecutivo y aseguran que las medidas de erradicación forzada han sido una de las principales causas de desplazamiento y violencia en zonas rurales.
¿Qué viene ahora para Colombia tras la decisión de EE. UU.?
La gran pregunta es si Colombia podrá sostener su política antidrogas sin el respaldo financiero y técnico de Estados Unidos. Expertos coinciden en que el país necesitará diversificar sus fuentes de apoyo internacional y demostrar que el enfoque basado en los derechos humanos puede ofrecer resultados concretos.
El gobierno ha anunciado que revisará los programas de cooperación en curso y que mantendrá el diálogo diplomático con Washington para “reencauzar la confianza mutua”. Sin embargo, la suspensión deja claro que la relación atraviesa su momento más tenso desde los años noventa.
Esta decisión no solo tiene implicaciones económicas, sino también simbólicas: cuestiona la eficacia de la política de drogas del gobierno Petro y pone a prueba su capacidad de liderazgo internacional. ¿Podrá Colombia redefinir su estrategia sin depender de la asistencia estadounidense o terminará cediendo ante la presión diplomática?
