En Colombia, los recursos destinados a la seguridad social en salud tienen un carácter sagrado. Por mandato de la Constitución, estos fondos son inembargables, con algunas excepciones dictadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, recientes denuncias apuntan a que procesos de cobro coactivo estarían violando estas disposiciones, impulsados por lo que parece ser un cartel de abogados que asesora a las Empresas Sociales del Estado (ESE). Este escenario pone en peligro recursos parafiscales que deberían ser exclusivamente destinados a la salud.
Un problema que involucra a hospitales de todo el país
El problema ha alcanzado niveles alarmantes y está afectando a varios centros hospitalarios en todo el país. Entre las Empresas Sociales del Estado (ESE) implicadas en estos embargos ilegales se encuentran el ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, y el ESE San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, entre otros. Estos hospitales han ejecutado procesos de embargo contra fondos públicos administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en contravención a lo dispuesto en la Circular 002 de 2023 emitida por la Procuraduría General de la Nación.
La circular advierte a los representantes legales de las ESE y a los jueces de la República sobre la ilegalidad de embargar recursos destinados a la seguridad social en salud, y recalca que estos fondos solo pueden ser embargados bajo excepciones constitucionalmente establecidas. No obstante, las denuncias indican que se han iniciado procesos de embargo que afectan directamente los fondos parafiscales, con la complicidad de algunos jueces que han emitido providencias o actos administrativos que permiten el embargo de estos recursos.
Cartel de abogados y su rol en el desvío de recursos
El cartel de abogados juega un papel crucial en este entramado. Al parecer, este grupo asesora a los representantes legales de las ESE para llevar a cabo estos embargos ilegales, pactando honorarios que alcanzan hasta el 30% de los recursos recaudados. Estos abogados se han beneficiado de la desviación de fondos parafiscales, que deberían tener un destino claro: la financiación de servicios de salud.
El impacto de estos desvíos en el sistema de salud es devastador. Los recursos que se están utilizando para pagar honorarios y cubrir estos embargos ilegales son precisamente aquellos que deberían estar mejorando los hospitales, garantizando insumos médicos y cubriendo los costos de atención para los pacientes. Además, al tratarse de fondos públicos, la afectación no se limita a una institución o región, sino que tiene repercusiones en todo el sistema de salud colombiano.
La Procuraduría General de la Nación, consciente de la gravedad del problema, ha trasladado estos casos a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se investiguen las acciones de los abogados, jueces y representantes legales implicados. Se busca que los responsables enfrenten las consecuencias legales por las irregularidades cometidas.
Presiones sobre las entidades bancarias
Otra arista del problema es la presión que se está ejerciendo sobre las entidades bancarias. De acuerdo con la Procuraduría, algunos de estos abogados y representantes legales han amenazado con denuncias penales a los bancos que se niegan a ejecutar embargos ilegales. Estas instituciones, que simplemente están acatando la normativa vigente, se han convertido en blanco de intimidaciones.
Por esta razón, la Procuraduría ha oficiado a la Superintendencia Financiera para que emita directrices claras y proteja a las entidades bancarias de este tipo de amenazas. El objetivo es evitar que se continúe con la desviación irregular de recursos de la seguridad social en salud, que ya ha afectado a millones de pesos que deberían estar destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria y garantizar la atención médica a los ciudadanos.
El futuro de los recursos para la salud en Colombia
La situación es preocupante y plantea serias interrogantes sobre el futuro de los recursos destinados a la salud en el país. ¿Qué medidas se implementarán para frenar la acción de este cartel de abogados? ¿Cómo garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales? El desvío de fondos de la seguridad social afecta directamente a los más vulnerables, quienes dependen de la eficacia del sistema de salud público para acceder a tratamientos y servicios médicos esenciales.
Ante la magnitud del problema, es urgente que las autoridades judiciales y disciplinarias tomen medidas rápidas y efectivas para detener este desangre de recursos públicos. La vigilancia sobre las actuaciones de los representantes legales de las ESE y los jueces involucrados debe intensificarse para asegurar que los fondos parafiscales vuelvan a tener el destino que la ley y la Constitución les confieren: la protección de la salud de los colombianos.
