Venezuela entra en una nueva fase de tensión política e institucional tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos en un operativo del gobierno de Donald Trump. En respuesta a este escenario, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia de la República en condición de encargada, con el objetivo —según el fallo— de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral del país.
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La decisión del alto tribunal descarta, por ahora, la declaratoria de falta absoluta del mandatario, lo que evita la convocatoria inmediata de elecciones y mantiene en pausa cualquier transición por vía electoral.
El TSJ estableció que Delcy Rodríguez ejercerá todas las atribuciones propias de la Presidencia mientras se define la situación jurídica y política de Maduro, quien enfrenta cargos en Estados Unidos. La orden judicial se sustenta en el marco constitucional vigente y fue respaldada por la Fuerza Armada, que reconoció oficialmente su designación tras la juramentación.
En el plano internacional, Brasil reconoció a Rodríguez como la autoridad que debe liderar Venezuela en ausencia del mandatario, mientras desde Washington el presidente Donald Trump aseguró que no habrá nuevas acciones militares contra el país si la administración encargada actúa conforme a los intereses de su gobierno.
El discurso de Rodríguez y el nuevo equilibrio de poder
Pese a asumir la Presidencia encargada, Delcy Rodríguez reiteró que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente constitucional de Venezuela y exigió su liberación, así como la de su esposa, Cilia Flores. En una alocución transmitida por radio y televisión, calificó su captura como un “secuestro” y encabezó un consejo de defensa junto a altos funcionarios del régimen.
La juramentación se realizó en la Asamblea Nacional, donde Rodríguez juró “por Maduro y por Hugo Chávez” y prometió garantizar estabilidad política y social. Con su llegada al cargo, y la reelección de su hermano Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento, el poder queda concentrado en la familia Rodríguez durante una transición vigilada de cerca por Estados Unidos y la comunidad internacional.
La Presidencia encargada fue fijada inicialmente por 90 días, prorrogables, en un contexto marcado por la incertidumbre, la presión externa y un conflicto político que sigue redefiniendo el rumbo de Venezuela.
