La captura y posterior liberación de un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) abrió un nuevo foco de atención en medio del calendario electoral de 2026. Se trata de Luis Alfredo Acuña Vega, conocido como “El Toro”, integrante del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.
Acuña fue detenido en un retén policial en la vía entre Distracción y Cuestecitas, en La Guajira. En el vehículo en el que se movilizaba, las autoridades hallaron 145 millones de pesos en efectivo distribuidos en siete sobres, así como material de propaganda del candidato al Senado por el Partido Conservador, Daniel Restrepo.
Tras la audiencia de legalización, un juez penal municipal con función de control de garantías declaró ilegal el procedimiento de captura y ordenó su libertad inmediata, así como la devolución del dinero incautado. La Fiscalía le había imputado el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, conducta que no contempla medida de aseguramiento privativa de la libertad.
En el procedimiento también fue capturada otra persona que acompañaba a Acuña, cuya identidad no ha sido confirmada públicamente. Ambos recuperaron la libertad tras la decisión judicial. Según se conoció, el escolta explicó que el dinero tenía como destino la compra de un vehículo.
De acuerdo con la Policía, los recursos estaban repartidos en siete sobres marcados con nombres propios y números de teléfono. Entre los nombres que figuraban se encuentran Dévora Barros, Laura Marcela “Beba” Ramírez Cantillo, Kevin Cantillo, Ghandy Romero Epinayú, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez, varios de ellos con trayectoria en la política local de La Guajira.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, señaló que no existía solicitud de desplazamiento de Acuña hacia La Guajira, teniendo en cuenta que el funcionario protegido, Jaime Luis Lacouture, reside en Bogotá. Por estos hechos, la Oficina de Control Interno y Disciplinario de la entidad abrió una investigación para establecer si el escolta realizaba una labor particular o cumplía alguna función oficial.
La Procuraduría General de la Nación también inició una indagación previa contra funcionarios por determinar de la UNP y de la Secretaría General de la Cámara, con el fin de establecer posibles responsabilidades disciplinarias y esclarecer si existió participación indebida en política o presunta corrupción al sufragante.
El caso se produce a pocas semanas de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026, en las que se elegirá el nuevo Congreso de la República. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades han reiterado su compromiso con la transparencia del proceso electoral y el respeto por las decisiones judiciales adoptadas en este caso.
