La Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez a 123 meses y un día de prisión —10 años y dos meses— por su participación en el denominado “cartel de la toga”, el entramado de corrupción que sacudió a la Rama Judicial desde 2017.
La Sala Especial de Juzgamiento lo declaró responsable de los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para delinquir. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impone una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo término y una multa superior a 133 millones de pesos. El alto tribunal ordenó su captura y la emisión de notificación roja a través de Interpol, debido a que el exmagistrado se encuentra fuera del país y es considerado prófugo de la justicia.
Según la sentencia, Bustos se concertó con otros magistrados y abogados litigantes para intervenir ilegalmente en procesos penales a cambio de dinero. La investigación estableció que ofrecían dilatar trámites, impedir órdenes de captura, frenar medidas de aseguramiento y gestionar decisiones favorables para congresistas investigados. Entre los casos documentados están los de los exsenadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quienes habrían pagado millonarias sumas para obtener beneficios judiciales.
El fallo señala que Bustos recibió 200 millones de pesos provenientes de esos pagos ilícitos y concluye que, como integrante de la organización criminal, “vendió al mejor postor” la función jurisdiccional que le fue encomendada como magistrado. La Corte fue enfática en que su conducta ocasionó un grave deterioro reputacional a la institución y generó desconfianza ciudadana en la administración de justicia.
La decisión también negó cualquier beneficio sustitutivo de la pena, por lo que deberá cumplirla en establecimiento carcelario una vez sea capturado. Asimismo, el tribunal solicitó a la Fiscalía evaluar la eventual extinción de dominio sobre sus bienes y ordenó la publicación obligatoria de un resumen de la sentencia como medida de restablecimiento institucional.
Con esta condena, la Corte cierra en primera instancia el capítulo judicial contra el último de los exmagistrados vinculados al cartel de la toga, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de la justicia colombiana.
