Un fallo emitido este miércoles por la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó los aranceles de Trump del 10% o más que el expresidente impuso el pasado abril sobre la mayoría de productos que ingresan al país. La decisión judicial señala que el exmandatario se extralimitó en sus funciones al imponer los gravámenes sin aprobación del Congreso, lo que representa un revés significativo en su estrategia de guerra comercial.
El tribunal examinó los decretos del 2 de abril, en los cuales se establecían nuevos impuestos de hasta el 50% según el país de origen, y determinó que tales medidas no cumplen con los requisitos legales establecidos por la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Nacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). Aunque el fallo no afecta a los aranceles existentes sobre vehículos, acero y aluminio, sí anula la mayoría de los impuestos nuevos, especialmente los dirigidos contra productos de Canadá, México y China.
El dictamen surge tras demandas interpuestas por una coalición de doce estados —entre ellos Arizona, Oregón y Nueva York— y por un grupo de empresas estadounidenses, que alegaron que los aranceles ponían en riesgo la economía interna y excedían los límites constitucionales del poder ejecutivo.
Trump no puede imponer tarifas sin control, dice la Corte
En su decisión, los tres jueces del tribunal dejaron claro que no cuestionan la capacidad del país para imponer aranceles comerciales, pero concluyen que Donald Trump violó el principio de separación de poderes al utilizar la IEEPA como herramienta para regular el comercio exterior sin control legislativo.
La corte enfatizó que la ley de 1977 no otorga al presidente facultades «ilimitadas» para aplicar aranceles a discreción. “Cualquier interpretación de la IEEPA que delegue una autoridad ilimitada sobre los aranceles (al presidente) es inconstitucional”, argumentaron los magistrados. Uno de ellos señaló en una opinión complementaria que tal delegación sería “una cesión indebida del poder legislativo a otra rama del gobierno”.
En otras palabras, aunque la ley permite medidas económicas en situaciones de emergencia nacional, como en casos de amenazas “extraordinarias e inusuales”, no contempla que estas se traduzcan en una potestad abierta para aplicar aranceles indiscriminadamente a cualquier producto o país.
El fallo refuerza el principio de que la política comercial sigue siendo competencia del Congreso, y que el Ejecutivo solo puede actuar dentro de los límites definidos por la ley. Este precedente limita futuros intentos presidenciales de modificar el comercio internacional sin supervisión legislativa.
La Casa Blanca reacciona y apela el fallo
La respuesta desde la administración Trump no se hizo esperar. El mismo día, los abogados del Gobierno presentaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, en un intento por revertir la decisión judicial. En paralelo, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, calificó el fallo como una intromisión judicial en temas que corresponden al Ejecutivo.
“No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, expresó Desai. En un tono desafiante, reafirmó que el presidente “está comprometido a usar cada palanca del poder ejecutivo para restaurar la grandeza estadounidense”.
Desde el ala dura del trumpismo, el asesor presidencial Stephen Miller también arremetió contra el fallo a través de la red social X, afirmando que “el golpe judicial está fuera de control”.
No obstante, desde el sector demócrata, el congresista Gregory W. Meeks, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, celebró la decisión judicial como una reivindicación del equilibrio de poderes. “Estos aranceles constituyen un abuso ilegal del poder ejecutivo”, afirmó en un comunicado.
La sentencia abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder presidencial en Estados Unidos, particularmente en materia de comercio y política exterior. Con la apelación en curso, se anticipa una nueva batalla legal que podría redefinir el alcance de la autoridad ejecutiva bajo la IEEPA.
