En medio de la vacancia judicial, la Corte Constitucional analiza la posibilidad de adelantar una sesión extraordinaria para estudiar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro por un periodo de 30 días. La decisión se produce ante la controversia que ha generado la medida en distintos sectores del país y los cuestionamientos sobre su viabilidad constitucional.
Los nueve magistrados que integran la Sala Plena deberán definir si convocan formalmente una sesión extraordinaria en los próximos días para iniciar el análisis del decreto, el cual otorga facultades excepcionales al Ejecutivo, incluyendo la expedición de normas con fuerza de ley en materia tributaria.
La emergencia económica fue decretada oficialmente por el Gobierno en las últimas horas, lo que activó de inmediato la atención del alto tribunal, aun cuando se encuentra en receso judicial. La Corte tiene la competencia constitucional de ejercer control automático sobre este tipo de decisiones.
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Sala Plena analiza convocatoria extraordinaria en medio del receso
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, evaluó la posibilidad de citar a los magistrados de la Sala Plena para definir el camino institucional que seguirá el tribunal frente al decreto de emergencia económica.
Inicialmente, la discusión giró en torno a la necesidad de convocar una sesión extraordinaria la próxima semana. Sin embargo, tras la expedición oficial del decreto, se confirmó que la Sala Plena se reunirá este martes para deliberar sobre la pertinencia y el momento del estudio constitucional de la medida.
La eventual convocatoria se da en un contexto excepcional, pues la Corte se encuentra en vacancia judicial desde el pasado viernes. Aun así, la naturaleza de la emergencia económica permite al tribunal activar sus funciones de control constitucional, incluso durante el receso.
El contenido del decreto y los nuevos tributos propuestos
El decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno establece nuevos impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva. Además, contempla tributos orientados a corregir externalidades negativas, especialmente en materia ambiental y de salud pública.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha señalado que esta figura excepcional busca atender un faltante estimado en 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026, luego de que el Congreso aprobara el presupuesto pero archivara la ley de financiamiento que lo respaldaba.
Entre las medidas que se estudian se encuentran posibles ajustes o nuevos gravámenes como el IVA a los juegos de azar digitales, incrementos a impuestos sobre cervezas, licores y cigarrillos, el aumento del gravamen del 4 x 1.000 al 5 x 1.000 y un impuesto único a la extracción de hidrocarburos, aunque estos desarrollos aún no han sido definidos en su totalidad.
Críticas desde sectores económicos y exministros de Hacienda
La declaratoria de la emergencia económica ha generado reacciones críticas desde distintos sectores económicos, gremiales y académicos. Varios exministros de Hacienda han cuestionado la medida, señalando posibles falencias en la planeación presupuestal del Gobierno.
El exministro José Manuel Restrepo afirmó que la declaratoria no responde a hechos imprevisibles ni excepcionales, como lo exige la Constitución. Según su análisis, buena parte de los argumentos del Ejecutivo se derivan de decisiones adoptadas por el propio Gobierno durante la ejecución presupuestal.
Estos cuestionamientos se suman a las preocupaciones de empresarios y gremios sobre el impacto de nuevos impuestos y la utilización de un mecanismo extraordinario para realizar ajustes fiscales sin el trámite ordinario en el Congreso de la República.
Dudas constitucionales y llamados a suspender la emergencia
Desde el sector justicia también se han expresado reparos frente al decreto. Algunos juristas han solicitado a la Corte Constitucional que suspenda temporalmente la emergencia económica mientras se realiza el estudio de constitucionalidad de fondo.
El abogado Germán Calderón España explicó que, a su juicio, el Gobierno incurre en un error al invocar argumentos relacionados con la seguridad ciudadana y el orden público para justificar la emergencia económica. Según indicó, la Constitución reserva estos supuestos para figuras distintas como la conmoción interior.
Para estos sectores, la emergencia económica debe estar sustentada exclusivamente en hechos económicos sobrevinientes, imprevisibles y de carácter grave, requisitos que, según advierten, podrían no cumplirse plenamente en este caso.
Un examen constitucional inevitable
De acuerdo con la Constitución, todos los decretos expedidos bajo el amparo de una emergencia económica quedan sometidos a control automático de la Corte Constitucional. No obstante, el inicio formal de ese examen dependerá de la decisión que adopte la Sala Plena en los próximos días.
Aunque la vacancia judicial podría retrasar el estudio, la magnitud de la medida y sus implicaciones fiscales, económicas y jurídicas han llevado a que el alto tribunal considere acelerar el trámite mediante una sesión extraordinaria.
En las próximas horas se conocerá si la Corte Constitucional convoca formalmente dicha sesión y define el cronograma para el análisis de una decisión que ya ha generado una amplia controversia política, económica y jurídica en el país.
