Recientes revelaciones sobre la compra del software espía Pegasus en Colombia han generado un amplio debate, poniendo en el centro de la controversia al expresidente Iván Duque. Según información de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la adquisición de este sistema de espionaje israelí se habría efectuado en 2021 por un valor de 11 millones de dólares. Este escándalo ha abierto interrogantes sobre el uso de Pegasus durante un período de intensa movilización social en el país, y ha llevado a investigaciones tanto nacionales como internacionales.
Documentación oficial y detalles de la compra
El director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, confirmó la existencia de documentación oficial proveniente de Israel que respalda la transacción económica relacionada con la compra del software Pegasus. Según Llinás, la transacción pasó inadvertida ante la UIAF en su momento, ya que fue efectuada en efectivo y dividida en dos pagos, lo que dificultó su detección por los controles habituales de la entidad. En sus declaraciones, el director insistió en la autenticidad de la evidencia: “Esto no son globos al aire, no son distracciones. Esto es un documento y evidencia objetiva”, enfatizó, subrayando la gravedad del hallazgo.
El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es conocido por su capacidad para infiltrarse en teléfonos móviles y realizar espionaje de alto nivel. Su uso ha sido ampliamente criticado en varias partes del mundo debido a denuncias de que ha sido utilizado para espiar a activistas, periodistas y figuras políticas. En el caso colombiano, esta herramienta habría sido adquirida en medio de un contexto de estallido social, marcado por movilizaciones masivas entre abril y octubre de 2021.
Denuncia de Iván Cepeda y repercusiones políticas
El senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico, fue uno de los primeros en denunciar públicamente la compra del software espía, presentando una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Cepeda afirmó que la adquisición de Pegasus se realizó de manera ilegal y que los pagos irregulares fueron efectuados durante un período en que el gobierno enfrentaba protestas masivas. Estas movilizaciones, originadas por la reforma tributaria y otras medidas del gobierno, representaron uno de los mayores desafíos de la administración Duque, y, según Cepeda, el software habría sido empleado para espiar a líderes sociales y políticos en ese contexto.
El senador también recordó las denuncias de Amnistía Internacional sobre el uso de Pegasus en otros países para vigilar a activistas y periodistas, lo que refuerza la preocupación sobre la posible utilización del software en Colombia durante un período de alta tensión social. La denuncia de Cepeda ha escalado el debate político, avivando las críticas contra la administración Duque y planteando serias dudas sobre la transparencia en la adquisición de herramientas de espionaje.
Reacción del Gobierno y la Fiscalía
A pesar de las reiteradas denuncias y declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros sobre la compra de Pegasus, aún no se han presentado pruebas concretas que vinculen directamente al expresidente Duque con la adquisición del software a la empresa NSO Group. La falta de evidencia clara ha sido aprovechada por los defensores de Duque, quienes aseguran que no hay pruebas definitivas de que el software haya sido usado para interceptaciones ilegales en Colombia.
Por su parte, la Fiscalía revisó los teléfonos de magistrados de las altas cortes y de la Justicia Especial para la Paz (JEP), sin encontrar evidencia de interceptaciones con el software Pegasus. No obstante, la falta de hallazgos en este ámbito no ha sido suficiente para aplacar las sospechas sobre el uso indebido del sistema durante las protestas.
Suspensión de Colombia del Egmont Group
El escándalo también ha generado repercusiones internacionales. El Egmont Group, una red que agrupa a 177 agencias de inteligencia financiera a nivel mundial, decidió suspender a Colombia del acceso a su canal seguro de información. Esta decisión, sin precedentes en el país, se tomó tras la divulgación de un informe de la inteligencia israelí que mencionaba la compra del software espía por parte del Gobierno colombiano.
El Egmont Group subrayó que las agencias de inteligencia financiera deben ser autónomas y libres de influencias políticas indebidas para garantizar la confianza en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La suspensión de Colombia supone un serio revés para el país en su esfuerzo por combatir estos delitos, y agrava aún más la crisis de credibilidad de las instituciones nacionales en el ámbito internacional.
¿Qué sigue para Colombia?
La polémica en torno a la compra de Pegasus sigue abierta, con interrogantes sobre el destino final del software y su uso en la vigilancia de opositores políticos durante el gobierno de Iván Duque. Mientras el presidente Petro y sus aliados continúan presionando por una investigación más profunda, el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones de seguridad y control financiero.
Además, la suspensión del Egmont Group podría tener consecuencias graves en el manejo de información clave para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dificultando los esfuerzos de Colombia en estos frentes.
En este contexto, surgen varias preguntas: ¿Se esclarecerá la verdad sobre la compra de Pegasus y su uso en Colombia? ¿Podrán las instituciones recuperar la confianza de la comunidad internacional? El debate sigue abierto y las respuestas aún parecen lejanas.
