El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había implementado de manera unilateral una reforma al sistema de salud, argumentando que este excedía las competencias reglamentarias del Ejecutivo y afectaba las funciones del Congreso de la República. La decisión, adoptada por la Sección Primera del alto tribunal, frena temporalmente la aplicación de una de las medidas más controvertidas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien había optado por emitir el decreto tras el hundimiento de su proyecto de ley de reforma en el Congreso.
Esta suspensión, que tiene carácter preventivo, responde a una demanda interpuesta por varios congresistas y expertos en derecho administrativo, quienes señalaron que el decreto 1708 de 2024 vulneraba los principios de separación de poderes y el debido proceso legislativo. Según el alto tribunal, el Gobierno no podía modificar de manera sustancial la estructura del sistema de salud mediante una norma reglamentaria, pues esto constituye materia de ley y, por tanto, corresponde exclusivamente al poder legislativo.
Los alcances del decreto suspendido
El decreto 1708 de 2024, expedido por el Ministerio de Salud en agosto, buscaba reestructurar el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y trasladar varias de sus funciones a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que pasaría a asumir directamente la gestión de los recursos y la contratación de servicios con las clínicas y hospitales.
La norma también contemplaba la creación de un modelo de atención primaria centralizado, gestionado por el Estado, lo que en la práctica significaba desmontar progresivamente el actual sistema mixto. El Gobierno argumentó que el decreto tenía como propósito “garantizar la continuidad del servicio público esencial de salud” y avanzar en los objetivos de la frustrada reforma que no logró consenso en el Congreso.
Sin embargo, para el Consejo de Estado, dichas disposiciones implicaban cambios estructurales que solo pueden aprobarse mediante una ley estatutaria o una ley ordinaria, no a través de un acto administrativo. En consecuencia, el tribunal determinó que existían “razones suficientes” para suspender sus efectos mientras se adelanta el proceso judicial de fondo.
La decisión no implica la nulidad definitiva del decreto, pero sí impide que el Ejecutivo continúe aplicándolo hasta que se emita un fallo final.
Reacciones del Gobierno y de los sectores políticos
La respuesta del Gobierno Petro no se hizo esperar. La ministra de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que la decisión será acatada, pero insistió en que el país necesita una transformación urgente del sistema de salud para garantizar la atención oportuna y equitativa. “Respetamos el fallo, pero seguiremos trabajando por una salud preventiva y pública”, señaló.
Desde la Casa de Nariño, algunos funcionarios consideraron que la medida judicial obedece a “intereses políticos” y que el Gobierno actuó dentro del marco constitucional.
Por su parte, los partidos de oposición celebraron el fallo del Consejo de Estado, asegurando que se trataba de una “victoria institucional” que reafirma la independencia de los poderes públicos. El senador David Luna expresó que “el Gobierno pretendía imponer por decreto lo que no pudo aprobar por ley, y eso es un grave precedente democrático”.
Expertos en derecho constitucional también coincidieron en que la suspensión protege el principio de legalidad y refuerza la importancia del control judicial sobre los actos del Ejecutivo. Algunos analistas advirtieron, no obstante, que la decisión podría generar un período de incertidumbre administrativa, ya que muchas de las medidas previstas en el decreto ya habían comenzado a implementarse parcialmente.
¿Qué sigue para la reforma a la salud?
Con la suspensión del decreto, el proceso de reforma a la salud vuelve a quedar en un punto de estancamiento. El Gobierno deberá decidir si presenta nuevamente un proyecto de ley ante el Congreso de la República o si espera el pronunciamiento definitivo del Consejo de Estado sobre la validez del decreto.
Mientras tanto, las EPS continuarán operando bajo el esquema actual, con las mismas competencias de intermediación y aseguramiento. Los gremios médicos y asociaciones de pacientes han pedido al Ejecutivo no insistir en vías unilaterales y convocar a un diálogo técnico y participativo para construir una reforma sostenible.
El fallo también pone en evidencia el desafío político del Gobierno Petro, que enfrenta crecientes tensiones con el Congreso y con los organismos de control. Según juristas consultados, el pronunciamiento del Consejo de Estado no solo frena un decreto, sino que marca un precedente sobre los límites del poder reglamentario y la necesidad de respetar los procedimientos legislativos.
La pregunta ahora es si el Gobierno insistirá en su visión de un sistema público estatal o buscará consensos para una reforma estructural del sistema de salud colombiano que cuente con respaldo político y jurídico. En cualquier escenario, la suspensión representa un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer la institucionalidad y garantizar que los cambios en políticas públicas tan sensibles se hagan con base en la ley y con amplio respaldo social.
