Casi dos décadas después del escándalo de las interceptaciones ilegales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe, y le ordenó pagar más de $354 millones al Estado colombiano.
La decisión se originó en una demanda de repetición presentada por el propio Dapre, luego de que la entidad asumiera el pago de una indemnización derivada de los seguimientos ilegales contra el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sigifredo Espinosa Pérez. El alto tribunal concluyó que Moreno tuvo un rol determinante en las actividades de inteligencia irregular ejecutadas desde el DAS entre 2007 y 2008.
Según el fallo, Moreno se extralimitó en sus funciones al convocar reuniones con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para acceder a información reservada sobre magistrados de la Corte Suprema, atribuyéndose competencias que no le correspondían. En ese contexto, el Consejo de Estado estableció que ordenó y direccionó acciones que derivaron en interceptaciones, seguimientos y estrategias de desprestigio.
El monto de la condena corresponde al valor total que el Dapre pagó como indemnización dentro del proceso de reparación directa, cifra que inicialmente fue de $224 millones y que, actualizada, asciende a $354.074.968. Una vez el fallo quede en firme, el dinero deberá ser entregado directamente a la entidad.
Moreno ya había sido condenado penalmente por estos hechos. En 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a ocho años de prisión domiciliaria por el delito de violación ilícita de comunicaciones. Posteriormente, obtuvo libertad condicional tras cumplir parte de la pena. En mayo de 2025, la Corte ratificó su responsabilidad por varios delitos relacionados con las chuzadas, entre ellos concierto para delinquir y abuso de función pública.
El alto tribunal reiteró que las interceptaciones ilegales incluyeron a magistrados, opositores políticos y periodistas, y que se utilizaron recursos del Estado para adelantar labores de inteligencia al margen de la ley. Con esta decisión, el Consejo de Estado cerró uno de los capítulos patrimoniales más relevantes del escándalo que marcó la relación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema durante ese periodo.
