El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, envió una carta formal a la Casa de Nariño en la que reafirma la decisión tomada por la plenaria el pasado 14 de mayo: el Senado negó el concepto favorable para la consulta popular solicitada por el Ejecutivo, con 49 votos por el No y 47 por el Sí. El documento, firmado y certificado por el secretario general de la corporación, desmonta así cualquier duda sobre la validez del procedimiento.
La carta fue una respuesta directa a la comunicación enviada previamente por el presidente Gustavo Petro, motivada por los señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti. Este había declarado que existía un posible error de trámite durante la votación, lo que justificaría una repetición del proceso. Sin embargo, el Senado deja claro en su comunicación que el acto fue legítimo y que la decisión no puede ser revertida sin violar el reglamento legislativo.
“El día 14 de mayo de 2025, en Sesión Plenaria del Senado de la República, la corporación, mediante votación nominal, decidió negar el concepto favorable solicitado, con resultado de 49 votos por el No y 47 votos por el Sí”, se lee textualmente en la carta enviada por Cepeda, reafirmando el resultado final y cerrando la puerta a interpretaciones posteriores.
El trasfondo del desacuerdo institucional
La propuesta de realizar una consulta popular surgió del Ejecutivo como una vía para legitimar ciertas reformas estructurales impulsadas por el gobierno Petro. Sin embargo, esta iniciativa requería primero de un visto bueno del Senado de la República, el cual debía otorgar un concepto favorable como parte del procedimiento legal establecido.
El resultado de la votación reflejó la división profunda en el Congreso frente a las propuestas del Gobierno. Si bien la diferencia fue mínima —dos votos—, la consecuencia fue contundente: la consulta no podrá realizarse en los términos propuestos.
Armando Benedetti argumentó que la votación debería repetirse debido a una supuesta irregularidad en el trámite, aunque no presentó pruebas concretas que respaldaran su afirmación. Esta posición generó polémica en el escenario político y fue interpretada por muchos sectores como un intento del Ejecutivo por presionar al Legislativo.
La misiva de Efraín Cepeda, sin embargo, zanja la controversia al enfatizar que todo se realizó de acuerdo con los procedimientos internos y que el resultado quedó oficialmente registrado. En términos institucionales, esto representa un freno al avance de la propuesta presidencial, reforzando el principio de separación de poderes.
¿Qué implica este rechazo para el Gobierno?
La negativa del Senado representa un revés importante para el presidente Gustavo Petro, quien ha planteado la consulta popular como una herramienta de validación ciudadana para sus políticas más ambiciosas. Con esta votación, el Legislativo envía un mensaje claro: el Ejecutivo no puede avanzar sin el respaldo del Congreso, especialmente en temas que requieren un aval institucional previo.
Desde el punto de vista constitucional, la decisión adoptada por la plenaria del Senado tiene plena validez jurídica, lo que dificulta cualquier intento por reabrir el debate sin un nuevo proceso legislativo. El hecho de que el resultado haya sido certificado de forma oficial deja poco margen para reinterpretaciones o recursos administrativos.
