El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un presupuesto de 209 millones de dólares para Colombia durante el año fiscal 2026, lo que representa una reducción cercana al 50?% en comparación con el ciclo anterior. Del monto total, 103 millones se destinarían a la lucha contra el narcotráfico, 38 millones para las Fuerzas Armadas, y 67 millones para programas de desarrollo y seguridad nacional.
En su intervención, el congresista republicano Mario Díaz?Balart justificó el recorte argumentando que “Colombia ya no está alineada con los intereses estratégicos de Estados Unidos” y acusó al Gobierno Petro de haber fracasado en “prevenir la violencia política, causar el deterioro económico y por envalentonar el crimen transnacional”. A ello se sumaron inquietudes sobre el reporte que alude a un supuesto consumo de drogas entre altos funcionarios del país.
Varios legisladores demócratas, incluyendo a Adriano Espaillat y Henry Cuéllar, también manifestaron preocupación. Espaillat señaló que si bien no comparte el recorte, entiende que responde “al incremento del narcotráfico y la violencia política en el país” y la necesidad de discutir “las preocupaciones con el actual gobierno en Colombia”. Cuéllar enfatizó que Estados Unidos “no puede seguir enviando dinero a una nación donde sus líderes no se comportan como aliados de Washington”.
El texto presupuestario impone estrictas condicionalidades para el desembolso de los recursos. Exige que el Secretario de Estado presente un informe sobre la alineación de las políticas colombianas con los intereses de EE.?UU .: reducir migración irregular, apoyar el estado de derecho, combatir el narcotráfico, la trata de personas y el antisemitismo. Además, restringe hasta un 30?% de los fondos en narcóticos a una certificación del Departamento de Estado que compruebe avances en la reducción de cultivos de coca y cooperación en extradiciones.
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro rechazó las críticas y responsabilizó a los medios por distorsionar el mensaje: “La prensa del gran capital confunde la voz de un despistado senador de extrema derecha del Congreso de los EE.?UU. con la institución” y argumentó que lo hacen “para insultar al Gobierno y al presidente”. Asimismo, funcionarios del Ejecutivo colombiano respondieron señalando que esas acusaciones esconden un trasfondo político adversario.
Sectores como la Cámara de Comercio Colombo?Americana interpretan el recorte como “una señal política clara del Congreso estadounidense frente al deterioro de condiciones internas que afectan la relación bilateral” y advierten sobre el riesgo de debilitar el respaldo histórico bipartidista. El procedimiento debe avanzar en septiembre ante la plenaria de la Cámara, luego al Senado y una comisión de conciliación definirá el texto final antes del desembolso definitivo.
Este episodio marca un punto crítico en la relación entre ambos países: una reducción sustancial de la cooperación financiera, acompañada de tensiones diplomáticas evidentes y advertencias claras sobre el alineamiento del Gobierno colombiano con los intereses estratégicos de Washington.
