El representante a la Cámara Andrés Forero denunció públicamente lo que considera una irregularidad en el retiro de Irene Vélez Torres del servicio exterior como cónsul en Londres, y su posterior nombramiento como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Según el congresista, el Gobierno habría incurrido en un uso inadecuado de recursos públicos para cubrir beneficios económicos por repatriación, pese a que Vélez no cumplió el mínimo de un año en el cargo diplomático, como lo exige la ley.
Forero asegura que la exministra de Minas y Energía permaneció en el cargo de cónsul por un periodo inferior al estipulado para acceder a viáticos, tiquetes y prima de instalación, y que el desembolso superó los 90 millones de pesos con cargo al erario. Los hechos han generado una nueva controversia sobre el manejo de los recursos públicos y los criterios aplicados por el Ejecutivo en el nombramiento de altos funcionarios.
Nombramiento en la ANLA antes de salir del consulado
Uno de los puntos más polémicos revelados por Forero es que el nombramiento de Irene Vélez como directora de la ANLA se produjo el 21 de marzo de 2025, mientras que su retiro oficial del consulado se dio el 10 de abril, es decir, días después de asumir el nuevo cargo en territorio colombiano. Esta superposición temporal fue calificada por el congresista como una posible estrategia para sortear la restricción legal, la cual impide el acceso a ciertos beneficios si no se ha completado un año en el servicio exterior.
El representante del Centro Democrático afirmó que el decreto de retiro pudo haber sido utilizado como una fórmula para habilitar el pago de incentivos, a pesar de que no correspondía conforme a la normativa vigente.
Más de 90 millones de pesos en gastos de repatriación
Los recursos públicos destinados al retorno de Irene Vélez y su núcleo familiar incluyeron:
- 14.416 dólares en viáticos
- 9.881.954 pesos colombianos
- 20.263.000 pesos en tiquetes aéreos
Según Forero, estos valores corresponden a beneficios exclusivos para funcionarios que cumplen al menos 12 meses continuos en una misión diplomática. En este caso, sostiene que se trató de una designación temporal que no justificaba el alto gasto para el Estado colombiano.
Vélez fue nombrada en la ANLA apenas días antes de su salida oficial
El rápido tránsito de Vélez desde el consulado hasta la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, una entidad clave en la evaluación de proyectos con impacto ambiental, ha sido objeto de críticas tanto desde el Congreso como desde sectores de la sociedad civil.
Forero cuestionó no solo el costo del traslado, sino también la forma en que se hizo efectiva la designación, advirtiendo que podría tratarse de una maniobra administrativa para acceder a beneficios excepcionales que no correspondían.
Críticas por la gestión del Gobierno en el uso de recursos públicos
Este episodio ha encendido un debate en torno al uso de fondos estatales para favorecer a funcionarios de alto nivel, particularmente en momentos de restricciones fiscales y exigencias de transparencia. Forero hizo un llamado al Gobierno para que explique públicamente las razones del desembolso y la legalidad de los pagos realizados, y para que la Contraloría General de la República investigue el caso.
Además, el congresista instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a revisar sus criterios de designación y retiro de diplomáticos, para evitar que el servicio exterior sea utilizado como plataforma temporal de paso hacia otros cargos sin respetar las condiciones legales establecidas.
Una figura polémica con amplio recorrido en el actual Gobierno
Irene Vélez ha sido una de las figuras más visibles del actual Gobierno. Como exministra de Minas y Energía, protagonizó controversias relacionadas con la transición energética y la suspensión de contratos de exploración, lo que generó reacciones divididas en el Congreso y en el sector empresarial. Su paso al servicio exterior y posterior nombramiento en la ANLA reflejan la continuidad de su presencia en cargos estratégicos, pese a las críticas recibidas en anteriores funciones.
Petición de rendición de cuentas
El congresista Forero concluyó su intervención exigiendo una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. “No se puede permitir que se utilicen los cargos diplomáticos como puente para obtener beneficios económicos injustificados”, afirmó. Asimismo, pidió que se analicen todos los decretos y resoluciones relacionadas con este caso, para determinar si hubo irregularidades o vulneración de normas presupuestales y administrativas.
