El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno colombiano ha decidido suspender la regla fiscal durante un período de tres años, utilizando la cláusula de escape contemplada en la legislación vigente. Esta medida responde, según el funcionario, a la necesidad urgente de evitar un mayor deterioro de la estabilidad macroeconómica y garantizar la continuidad de la inversión social.
Ávila explicó que esta decisión no significa un abandono del compromiso con la disciplina fiscal, sino una flexibilización temporal motivada por un contexto de desaceleración económica, caída en los ingresos tributarios y aumento del gasto público. En palabras del Ministro, “hemos tomado la decisión de activar un mecanismo establecido por la ley que permite un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales ante dificultades macroeconómicas”.
Déficit proyectado y nueva reforma tributaria: el camino que propone el Gobierno
En la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda reveló que el déficit fiscal para 2025 se incrementará del 5,1 % al 7,1 %. Esto obligaría al Gobierno a buscar nuevas fuentes de ingreso y ajustar sus proyecciones económicas. Como parte de la estrategia, el ministro Ávila confirmó que en julio se presentará una reforma tributaria que busca recaudar 19,6 billones de pesos, con el objetivo de estabilizar las finanzas públicas.
El funcionario aseguró que se trata de un “gran acuerdo tributario” que requerirá la participación de todos los sectores económicos. Esta reforma estaría acompañada de un recorte en las proyecciones de ingresos por 18,5 billones de pesos, así como de otras medidas para volver a una senda sostenible de financiamiento del Estado.
Ávila insistió en que la prioridad es proteger la inversión social sin comprometer la capacidad del país de mantener sus compromisos financieros en el mediano plazo. Según el Gobierno, esta decisión permitirá enfrentar de manera más eficaz los desafíos económicos que afectan a millones de ciudadanos.
Opiniones divididas: ¿era necesaria esta suspensión?
La medida no ha estado exenta de críticas. Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, se advirtió que la suspensión de la regla fiscal en Colombia no soluciona los problemas estructurales de fondo. “El país no necesita salidas transitorias sin rumbo, sino un plan de ajuste fiscal estructurado, transparente y gradual”, señalaron voceros del centro de investigación.
Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó la activación de la cláusula de escape como una decisión sin justificación clara. En su opinión, las razones actuales no se comparan con las que motivaron el uso de esta medida durante la pandemia. “No existe ningún argumento distinto al exceso de gasto y baja eficiencia en el recaudo para justificar este desvío”, afirmó Restrepo en declaraciones recogidas por la revista Semana.
Estos cuestionamientos se suman a una creciente preocupación por parte de analistas y calificadoras de riesgo, quienes advierten que decisiones de esta magnitud pueden afectar la percepción internacional sobre la solidez financiera del país y elevar el costo de endeudamiento.
¿Qué consecuencias traerá para la economía esta decisión?
La suspensión de la regla fiscal podría tener implicaciones profundas en el manejo económico del país. Por un lado, brinda al Gobierno mayor flexibilidad para financiar programas sociales y enfrentar emergencias económicas sin la presión de cumplir estrictamente con límites de gasto. Por otro lado, si no se acompaña de una hoja de ruta clara y técnicamente sólida, puede derivar en un mayor déficit y pérdida de confianza de inversionistas.
En ese sentido, la efectividad de la próxima reforma tributaria será clave. Si logra generar el recaudo esperado y contener el gasto, podría equilibrar la balanza fiscal y recuperar la credibilidad perdida. De lo contrario, el país corre el riesgo de agravar su vulnerabilidad económica y comprometer sus proyecciones de crecimiento a mediano plazo.
El debate apenas comienza, y la atención estará puesta en las propuestas que se presenten en julio y en la capacidad del Ejecutivo para construir consensos en torno a un plan financiero viable.
