La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció la existencia de un presunto “cartel de diplomas irregulares” en la Fundación Universitaria San José, tras identificar 24 casos de títulos otorgados de manera irregular a personas que posteriormente fueron vinculadas como contratistas o funcionarios en 16 entidades del orden nacional.
La denuncia, presentada el 19 de enero, surge en el contexto del caso de Juliana Guerrero y, según la congresista, revelaría una práctica reiterada durante los años 2022 y 2023, con efectos contractuales entre 2023 y 2025.
De acuerdo con la investigación liderada por Juvinao, se identificaron dos modalidades de irregularidad en la expedición de los títulos:
- Seis personas habrían obtenido su diploma sin acreditar la presentación de la Prueba Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse.
- Dieciocho casos corresponden a personas que presentaron dicha prueba después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de 2009, que establecen este examen como requisito previo para obtener un título profesional.
Según la denuncia, las personas involucradas fueron contratadas por entidades como el SENA, la Unidad Nacional de Protección, la DIAN, el Invima, el DANE, el DAPRE, ministerios y organismos del sector transporte y aeronáutico, entre otros. En algunos casos, los contratos exigían explícitamente contar con título profesional.
Entre los hallazgos, se destacó el caso de un funcionario vinculado a la DIAN que habría obtenido cuatro títulos profesionales el mismo día, correspondientes a carreras distintas, utilizando una sola prueba Saber Pro, pese a que la normatividad permite que una prueba aplique como máximo para dos programas.
Llamado a las autoridades
Frente a estos hechos, Juvinao solicitó al Ministerio de Educación, la Fiscalía y los organismos de control adelantar investigaciones urgentes para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y establecer eventuales sanciones a la institución educativa, las entidades contratantes y los beneficiarios de los títulos.
La congresista sostuvo que estos 24 casos deben ser evaluados con rigor y transparencia, al tratarse de presuntas irregularidades que impactan directamente la contratación pública y el uso de recursos del Estado.
